La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos
Abogados Cristianos se querella por prevaricación contra los jueces del Supremo que avalan la bandera LGTBI
La fundación sigue en su lucha contra la decisión y ha animado a los españoles a pedir una bandera de la familia en sus ayuntamientos
Abogados Cristianos ha interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones y una querella por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Supremo que han avalado la colocación de la bandera LGTBI en edificios públicos porque consideran que «esta sentencia es ilegal» y, además, que el Supremo «no justifica el cambio de doctrina».
Según ha precisado la presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, «en 2020 el mismo Tribunal Supremo dijo que solo podían ondear de edificios públicos y de espacios públicos banderas oficiales» y «en ningún caso banderas no oficiales, incluso aunque concurriesen con las oficiales». «Por lo tanto el Tribunal Supremo de repente cambia de doctrina y no justifica en absoluto este cambio de doctrina, lo cual vulnera evidentemente la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Esta falta de motivación, esta falta de justificación de criterio, aboca a una nulidad de actuaciones y evidentemente a una querella por prevaricación, porque no están haciendo lo que ellos, además, expresamente dicen que hay que hacer», ha añadido.
La fundación ha advertido que la sentencia del Supremo abre un camino «muy peligroso» en el que «cada uno puede poner la bandera que quiera». «En el momento que se permite una bandera no oficial, perteneciente a un lobby, que no comparten todos los partidos políticos y que no compartimos todos los ciudadanos, se pueden poner otras banderas no oficiales», ha lamentado Castellanos.
Por ello, argumenta, «solicitamos a todos los ciudadanos que insten a sus administraciones públicas para que desde el 30 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, en edificios públicos y en espacios públicos, pongan la bandera de la familia natural o de la familia tradicional», ha explicado.
Para ello, publicarán en su página web un formulario tipo para explicar a los ciudadanos cómo solicitarlo en sus consistorios. Según ha indicado Castellanos, en caso de que alguna administración pública se oponga, «por ejemplo la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de Zaragoza del PP, que son los que iniciaron todo esto» se podría «alegar delito de discriminación».