Qué dice la ley de memoria de Baleares y cuál es la propuesta de Vox

Cuando el Partido Popular y Vox alcanzaron un acuerdo para investir a Marga Prohens presidenta de Baleares tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo del año pasado, se comprometieron entre otras cosas a derogar «aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división» y garantizar «la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles».

Así, en el punto 48 se recogía expresamente que se derogaría la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, y se buscaría siempre «la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil».

La derogación de la leyes de memoria autonómicas era una de las exigencias que el partido de Santiago Abascal llevaba a la mesa de negociación para los futuros gobiernos. Y cuando estos empezaron a andar, se puso en marcha la tramitación para ponerles fin y, en algunos casos, impulsar en su lugar las llamadas leyes de concordia.

El pasado junio fue tomada en consideración en el Parlamento balear la proposición de ley para derogarla con los votos a favor de PP y Vox. Y estaba previsto que en el Pleno de este martes se votara su derogación definitiva. Sin embargo, los populares alcanzaron ayer un acuerdo con los partidos de la izquierda para posponer la votación de la derogación y abstenerse cuando se produzca (por lo que la ley seguirá vigente). Un acuerdo por el que a su vez la izquierda se compromete a apoyar unos decretos, entre ellos, aquel en el que el PP corregiría su error con las enmiendas de Vox. Así, el partido de Prohens pidió retirar del orden del día esa votación.

La ley de «memoria y reconocimiento democráticos» de Baleares se aprobó en 2018, con el Gobierno del PSOE en coalición con Podemos y Més per Mallorca presidido por Francina Armengol. Entonces, el PP, que en un principio se negó a tramitar la ley por considerar que tenía un «sesgo parcial y sectario» —como explicaba quien en ese momento era el portavoz adjunto de los populares, Juan Manuel Lafuente, en una columna de El Mundo—, apoyó parte de esa ley, tras lograr introducir durante su tramitación algunas enmiendas, encaminadas por ejemplo a que se reconociera a todas las víctimas y no solo a las de un bando, entre otras.

«Sí al reconocimiento de todas las víctimas que sufrieron persecución por razones ideológicas, políticas y religiosas durante la Guerra Civil y el franquismo; y no a cualquier tipo de imposición, sanción, o persecución que limite las libertades de los ciudadanos y que trate de imponer una determinada versión de la historia», escribía el diputado del PP en 2018 resumiendo la posición de su partido al respecto.

En 2020, cuando Vox llevó al Pleno la derogación de la norma, el PP se abstuvo. En esta legislatura, mientras todavía estaba vigente el acuerdo con el partido de Santiago Abascal, defendió su derogación como parte de ese pacto. Cuando ya habían roto el acuerdo, el Gobierno balear trasladó en septiembre que votaría a favor de derogarla, viendo además que lo que pudiera quedar pendiente lo recogía la ley nacional de memoria y la ley de fosas.

En el preámbulo de la ley de memoria aprobada con Armengol, se señala que «tiene por objeto el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista», sin incluir a las de la Segunda República. Establece, entre otras cosas, que se retiren «menciones, vestigios y símbolos franquistas»; que se impulsen «itinerarios de la memoria y reconocimiento democráticos»; y que se elabore un censo de víctimas, de nuevo exclusivamente de la Guerra Civil y de la dictadura.

Asimismo, recoge que se considerará acto contrario a la memoria democrática, por ejemplo, la exhibición pública de «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones (...) realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la revuelta militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial»; o la celebración de «actos y/u homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo» de ello. Pero además fija un régimen sancionador, contemplando multas por infracciones leves, graves o muy graves, de entre 200 en las leves, a 150.000 euros en las más graves.

Para Vox, y así lo manifiesta en su proposición de ley en la que pide derogarla, esta norma «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos».

Pero además, denuncia que atenta contra la igualdad de los españoles, dado que «procede a discriminar y apartar» a una parte de los españoles por su opinión o sus circunstancias en el momento de la Guerra Civil, por ejemplo, y que vulnera varios derechos fundamentales, como la libertad ideológica y de pensamiento, porque solo permite «un relato oficial», el derecho a expresar y difundir con libertad ideas y opiniones y la libertad de cátedra.

En su iniciativa, la formación de Abascal abarca también el periodo de la Segunda República, aludiendo a la «espiral de violencia» que iba creciendo en las calles entre 1931 y 1936. Señala, por otra parte, que «nunca ha habido un relato consensuado» sobre este periodo, ni sobre la Guerra Civil ni el franquismo y subraya que la memoria es «privada» y «subjetiva», rechazando que se intente construir «el artificio de una memoria total y para todos». «La concordia y no el revisionismo rencoroso debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado, como una manera de superar las divisiones», remarca Vox.

Así, propone en su texto derogar esta ley y disolver las comisiones, los organismos y las instituciones públicas de Baleares creadas como consecuencia de la norma, y además, incluye un artículo para proteger la libertad de expresión, de producción y creación y la de cátedra, «evitando toda intromisión de los poderes públicos en la fijación de una determinada versión de los acontecimientos».