Fundado en 1910

La presidenta del CGPJ Isabel Perelló, durante su intervención en el Tribunal SupremoEFE

Tribunales

Duro mensaje de la presidenta del Supremo a Sánchez: «No cabe cuestionar la labor de los jueces de forma permanente»

Isabel Perelló afirma que «tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional»

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha salido en defensa de la independencia judicial, asegurando que constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. En un duro comunicado, Perelló contesta así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha acusado al PP de tener «connivencia con los jueces» y «actuar con las cartas marcadas».

Perelló asistirá este viernes al acto de entrega del premio Fórum Europa 2024 a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que le ha sido concedido por su compromiso con el fortalecimiento de la Unión Europea y de sus valores.

Con ocasión de ello, la presidenta del TS y del CGPJ ha difundido un contundente comunicado en el que recuerda que entre esos valores «se encuentra el de la independencia judicial, que constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho». Isabel Perelló destaca que es precisamente esa independencia lo que «garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados».

«El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado», afirma el comunicado.

«La crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y es, además, un modo en que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento. La labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional».