La declaración de Ábalos apunta a un pacto de no agresión con el PSOE y que Koldo cargue con las culpas

La declaración voluntaria del exministro José Luis Ábalos esta semana en el Supremo dejaba, según fuentes judiciales consultadas por El Debate, una colección de respuestas difusas al estilo «no lo sé» a preguntas del juez Leopoldo Puente y del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en relación con las sospechas de delito que pesan sobre él.

Más allá de su negativa a responder las 300 cuestiones de las acusaciones populares, representadas por el abogado del PP, el que fuera titular de la cartera de Transportes era incapaz de justificar muchas de los interrogantes sobre la mesa del magistrado. Como, por ejemplo, el asunto del piso de su amiga Jessica, que pagaba un empresario y de cuyas gestiones, según su versión, se encargaba el que entonces era su asesor y hombre de confianza, elegido por Pedro Sánchez para acompañarle, Koldo García Izaguirre.

No en vano, este último era una pieza importante de una trama, presuntamente diseñada para delinquir, en la que desde el «nexo corruptor» y comisionista, Víctor de Aldama, hasta el último eslabón de la Administración con el que hacía negocios, la mayor parte de los asuntos pasaban por manos de Koldo que, de acuerdo con el testimonio de Ábalos, se habría «extralimitado en sus funciones».

Con esta maniobra, para desviar cualquier responsabilidad en las presuntas irregularidades cometidas en la compraventa de material sanitario en pandemia, en el seno del Ministerio de Transportes, Ábalos ponía el foco sobre Koldo como único responsable pese a los contundentes indicios que ya existen en su contra.

Una posición que, de acuerdo con los avances de la causa –y con los datos que se han ido desvelando en algunos de los documentos aportados por Aldama e, incluso, en los informes confeccionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –parece apuntar a un pacto de no agresión entre dos de los principales protagonistas del asunto, en virtud del cuál Koldo estaría dispuesto a asumir en solitario las consecuencias de lo ocurrido.

En especial si se tiene en cuenta que durante su comparecencia ante el magistrado Puente, Ábalos señalaba en varias ocasiones a Koldo, replicando el mismo argumento que, hasta la fecha, se había empleado desde el Gobierno de Sánchez para contener las culpas del caso en un exasesor, bajo la tesis de que sólo él conocía las irregularidades que se estaban produciendo en las contrataciones con las empresas de la trama.

Así las cosas, y aunque la causa judicial está en fase de instrucción, Sánchez parece haber dado por zanjada la repercusión de las operaciones de Ábalos y de su lugarteniente, Koldo, al adoptar medidas contra «esa persona» repudiada por el partido y condenada a la expulsión de las filas socialistas. Pese a ello, no ha habido ninguna confesión del que fuera secretario de organización del PSOE apuntando «al 1», de acuerdo con las notas y parte de las conversaciones incautadas a Aldama que declara, de nuevo, el próximo lunes.

Muy al contrario, Koldo aseguraba que «todo lo dicho por José Luis [Ábalos] es verdad» nada más conocer el contenido de la comparecencia del que fuera su jefe, en el Supremo. Sin embargo para el Alto Tribunal, a la vista de lo escuchado, lo más relevante en este momento es conocer si Ábalos tiene patrimonio oculto o no y, en su caso, si lo tiene en España o fuera de nuestro país.

De ahí que, no sólo el instructor haya solicitado nuevas pesquisas sino que, además, y de acuerdo con la posición que parece sostener la Fiscalía, la petición del suplicatorio al Congreso de los Diputados, donde Ábalos conserva su escaño, para imputarle formalmente por varios delitos graves, está a la vuelta de la esquina.