Sánchez no se atreve a repetir en sede parlamentaria que es víctima de «acoso judicial»

Esta vez no hubo dos sin tres. El presidente no quiso repetir en sede parlamentaria, delante de las cámaras y los taquígrafos, las graves acusaciones que ha lanzado en las últimas dos semanas contra los jueces españoles.

Claro que entonces no había micrófonos: fueron dos conversaciones informales con periodistas en la celebración del aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre en el Congreso; y, cinco días después, en la tradicional copa de Navidad con la prensa en la Moncloa. De esas de las que no queda constancia más allá de las notas a vuelapluma que toman los periodistas. En la primera, Pedro Sánchez se dijo víctima de «acoso judicial». En la segunda acusó a los jueces, en abstracto, de facilitar al PP información privilegiada, de manera que los populares puedan actuar con las «cartas marcadas».

En la última sesión de control al Gobierno en el Congreso del año, y coincidiendo con la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, Alberto Núñez Feijóo instó a Sánchez a que contestara una pregunta muy directa: «¿De verdad cree que el poder judicial va a por usted?». Y lamentó que el presidente «se haga la víctima ante los jueces», cuando la corrupción tiene cercados a los socialistas.

El presidente no fue tan ingenuo como para permitir que en el Diario de Sesiones del Congreso quede constancia del mayor ataque de un jefe del Ejecutivo contra otro poder, el Judicial. Así que rehuyó la pregunta y se limitó a contestar en positivo: «Yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Y tengo que decirle con hechos, con datos, no con bulos, que este Gobierno ha contribuido al fortalecimiento y a la modernización del servicio de justicia de nuestro país», señaló.

También la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría optaron por no reiterar en público las imputaciones que el Gobierno viene haciendo en privado a los miembros de la Judicatura. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no mencionó a los jueces, sino que se quedó en las «organizaciones ultras», sin querer ir más lejos.

«Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Afirmo categóricamente que las organizaciones ultraderechistas que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular porque están no persiguiendo delitos sino personas, políticos progresistas y honrados», sostuvo a preguntas de la diputada popular Ester Muñoz.

Montero, por su parte, se ciñó a volver a poner la mano en el fuego por su jefe de Gabinete -por tercera vez-, un día después de que Koldo García reconociera que Víctor de Aldama y él pudieron haber «coincidido» en un bar con el aludido, Carlos Moreno. Pero por casualidad. «Son bulos, son mentira, falso», insistió Montero.

Sin cámaras delante, en el Ejecutivo son mucho más beligerantes contra los jueces, y además se justifican. No en vano, en la Moncloa sostienen que la separación de poderes es compatible con que el Ejecutivo puede criticar a los jueces, «igual que los jueces critican al Gobierno», señalan. No obstante, el Gobierno no está en la crítica a sentencias judiciales, sino en acusar a los jueces de prevaricar -en el caso de Juan Carlos Peinado- y de filtrar información al principal partido de la oposición para que la utilice contra el PSOE.