Un CGPJ unánime se opone a que la Fiscalía asuma la instrucción penal si antes no se blinda su independencia del Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaba este miércoles por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según lo previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con la abstención de la vocal Inés Herreros quien ya había intervenido en la elaboración del informe que el Consejo Fiscal (CF) emitió sobre esta misma materia.

El informe aprobado ya había sido elevado al Pleno por el anterior Consejo, que tomó conocimiento del mismo el pasado 27 de junio, pero dejó pendiente su estudio y aprobación que ha sido abordado por el actual. Si bien, en líneas generales, el Pleno ha valorado «positivamente» la necesidad de llevar a cabo esta reforma, «de un texto que tuvo su origen en 1882», también ha hecho consideraciones muy importantes al legislador.

Así las cosas, para el CGPJ queda muy claro que «la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede entrar en vigor si antes no se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para fortalecer su independencia» institucional, en general, y del Gobierno de turno, en particular.

Para ello, el Consejo ha propuesto medidas muy concretas como la prohibición expresa de que el Ejecutivo pueda dar instrucciones fiscal general del Estado o que éste, a su vez, influya en un fiscal o fiscales determinados con indicaciones especiales o singulares para un caso concreto al que hayan sido asignados. Además, se considera necesario potenciar, como norma general, la colegiación de las decisiones de la Fiscalía. Esto es, que sean tomadas por un grupo de profesionales y no que recaigan de manera unilateral, como hasta la fecha, en cargos o personas individuales.

En el mismo sentido, el Pleno del CGPJ se opone a la «desjudicialización del proceso» penal y apuesta porque, en último término, las decisiones sobre la continuidad del mismo, su archivo, reapertura o la práctica de nuevas pruebas,... –la denominada instrucción final– quede, en todo caso, en manos del Poder Judicial. Y, todo ello, «en relación con la Ley de Eficiencia que se va a aprobar próximamente para los tribunales de instancia».

El CGPJ ha considerado, reconociendo la trascendencia y el volumen del informe preexistente, de más de 600 páginas, y el importante esfuerzo dedicado al mismo por por sus autores que no procedía realizar uno nuevo, pero sí confeccionar un Anexo en el que se han incluido importantes correcciones formales y actualizaciones relativas a las modificaciones legales posteriores a la finalización del dictamen. Entre otras, las consideraciones del Foro Justicia y Discapacidad, incluidas en 2021 en el resto del ordenamiento o las novedades referentes al recurso de casación y las vistas telemáticas (artículo 258 bis 1 de la propia LECrim).

Así las cosas, el anexo ha sido el resultado del trabajo de un grupo de cuatro ponentes –los vocales José Luis Costa, Lucía Avilés, Esther Erice y Carlos Orga– designados por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, de la cual son miembros permanente los dos primeros.