Las dos facturas de miles de euros que quitaron el sueño a Begoña Gómez ante el juez Peinado

Begoña Gómez no es licenciada, obtuvo una cátedra tras negociarla en la Moncloa con el rector de la Universidad Complutense (UCM), asoció a ella a empresarios adjudicatarios de contratos del Gobierno y, además, recibió fondos de multinacionales participadas por la SEPI para generar un software que registró a su nombre y gestionó económicamente con su propia firma personal.

De todo ello tuvo que dar explicaciones ante el juez Peinado, respondiendo solo a las preguntas formuladas por su propio abogado, Antonio Camacho.

Quien, en realidad, confirmó a la salida del juzgado, punto por punto los hechos que pesan sobre su defendida, aunque los intentó explicarla para restarles trascendencia penal: firmar pliegos, utilizar la Moncloa para reuniones o registrar una plataforma tecnológica a su nombre.

Nada aclaró, pues, mientras la investigación prosigue y las sospechas no se disipan.

Así se deduce de la documentación obtenida por El Debate, ya en manos del juez, en la que la esposa del presidente aparece como firmante de facturas para terceros abonadas con dinero público, pese a no ser legalmente personal de la UCM, y también como autora de los pliegos con los que se fabricó una plataforma tecnológica registrada luego a su nombre y no al de la institución universitaria.

En concreto, Begoña Gómez estampó su firma para abonar al menos dos facturas cargadas a la Complutense por un total de 42.348,79 euros, según consta en los originales de ambas, en propiedad de este periódico.

La primera de ellas, correspondiente al contrato para el «servicio de consultoría y asesoramiento para la puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes», por el que se facturó 18.148,79 €, fue a parar a Deloitte Consulting, mientras que la correspondiente al desarrollo de la plataforma de impacto social, por el que se facturó 24.200 euros, fue encargado a Making Science Group S.A.

La investigación judicial, por la que está imputada, intenta determinar si Gómez se apropió de ese software tras cargarle su coste a la Universidad, que a su vez recibió financiación de multinacionales como Indra, participada por la SEPI dependiente del Ministerio de Hacienda, con un patrocinio ya reconocido de más de 150.000 euros.

Gómez cargó facturas a la UCM y preparó pliegos sin formar parte de la Universidad y después registró el software a su nombre

La Complutense ya remitió al juez las mismas dudas sobre todos los procedimientos seguidos por Gómez, que ya constan en un documento interno de la institución, al que también accedió este periódico, en el que revelaba la forma de actuar personalísima de la codirectora de la cátedra, a la que deja abandonada al revelar, literalmente, que no dispone de «documentación realizada y entregada por Doña María Begoña Gómez Fernández por su participación en dichas actividades».

El monto total manejado por la mujer del líder socialista para crear una plataforma que luego ofreció desde una empresa propia creada con el mismo nombre que su cátedra, Transformación Social Competitiva, llegó a sumar hasta 255.000 euros, al sumarse al menos tres conceptos distintos.

Las facturas que le cargó de su puño y letra a la Universidad, el patrocinio externo de grandes empresas reguladas o participadas por el Gobierno y otro cargo diseñado por ella misma por un importe de 60.000 euros a favor de Deloitte para, mediante unos pliegos con su firma, «medir la contribución de las pymes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para determinar cómo las empresas españolas están transitando de un modelo sostenible que contribuya de forma positiva en las personas y en el planeta».

Miles de euros a su disposición

Es decir, Begoña Gómez imputó 100.000 euros a la Universidad, con facturas o pliegos con su rúbrica a pesar de no ser personal académico formalmente, y recepcionó al menos 155.000 euros de una multinacional en la que el Estado posee el 28 % del capital y tiene por presidente a Marc Murtra, un histórico del PSOE-PSC con cargos públicos vinculados a los socialistas desde 2006.

La investigación del juez Peinado por cuatro delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida; tiene en la génesis de esta plataforma uno de sus puntos más calientes y quizá probatorios de cómo Gómez manejaba la cátedra a su libre albedrío.

Las dos facturas obtenidas por El Debate son de una relevancia especial porque, hasta el momento, son las mayores pruebas de cómo actuaba la esposa del presidente, hasta el punto de que cuentan con su visto bueno personal a través de su firma electrónica, con los que aprobó sendos pagos, uno con vencimiento el 12 de abril de 2023 en favor de Making Science, y la otra a 28 de julio del año pasado con Deloitte como receptor.

La Complutense se ha ido distanciando poco a poco de la gestión de la cátedra y, en el caso del polémico software, ha llegado a exigir a su «catedrática» la devolución del mismo, desvinculándose por completo de la justificación que la investigada da para la supuesta apropiación, según la cual se limitó a cumplir las instrucciones recibidas por la institución académica de que la registrara a su nombre. Algo en lo que insistió ante el juez Peinado este martes.

La presencia de Gómez ante el juez Peinado completa una semana horribilis para Sánchez, con una procesión de testimonios judiciales de relieve por distintos casos de corrupción en su entorno: el empresario Víctor Aldama primero, Koldo García después y, a continuación, su propia esposa, la asesora de la Moncloa que utilizaba para gestiones privadas, Cristina Álvarez, y el directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, que creó el África Center para la «primera dama» de la Moncloa nada más aterrizar en ella el líder del PSOE.