Sánchez firma en persona un escrito para ocultar su expediente rematado con una tesis sospechosa de plagio

Pedro Sánchez no quiere mostrar los datos de su expediente académico. El presidente del Gobierno ahora trata de impedir, con un escrito rubricado de su puño y letra, que su currículum universitario trascienda públicamente, sumando otra polémica académica a la que ya se vive en la Moncloa con la cuádruple imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Con su historial académico en la picota ante las sospechas del plagio de la tesis con la que logró el doctorado, así lo ha hecho saber al propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en una nueva muestra de que la «luz y taquígrafos» que tanto le gusta predicar es en exclusiva para los demás.

De hecho, tal y como informó El Debate, el presidente ya se había opuesto a que la Universidad Complutense de Madrid facilitase a este periódico los datos su expediente universitario, tanto de su licenciatura como de los estudios posteriores en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, pese al revuelo generado en la izquierda cuando se publicó que Isabel Díaz Ayuso quería impedir el acceso al suyo.

Entonces, la UCM acató los deseos del presidente y en su resolución, en la que denegaba el acceso a dichos datos, daba por buenos los argumentos de Sánchez, que señalaba que «el acceso a los expedientes académicos completos no parece que sirva al cumplimiento de las citadas finalidades que persigue la Ley (de Transparencia), al tratarse de información tanto anterior como ajena a la condición del cargo público que desempeño».

Así, la universidad, que sí reconocía la «relevancia pública» de Sánchez, consideraba suficiente la publicación del currículum del presidente que aparece en el Portal de Transparencia del Gobierno, en el que únicamente figura su condición de doctor en Economía, y los estudios que ha cursado, pero no estaba dispuesta a dar más detalle.

De hecho, sentenciaba que «distinta es la consideración que merecen aquellos otros datos académicos que no son públicos, ya que no es legalmente exigible que lo sean, ni han sido voluntariamente puestas a disposición del público, ni tampoco se requieren para acceder al cargo ocupado».

Además, abundaba en ello, asegurando que «la información solicitada no contribuye a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones, al control de su actividad o de la asignación de los recursos públicos, que es el objeto de las normas de transparencia», por lo que debe priorizarse «la protección de datos de carácter personal frente al interés público en conocer esta información».

Por ello, la investigación llevada a cabo por este medio, no conforme con la decisión de la UCM, cuyo rector se encuentra imputado a cuenta del escándalo de la cátedra de Begoña Gómez destapada por El Debate, ha puesto el asunto en manos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, entidad garante del acceso a la información pública y de la transparencia de las administraciones públicas madrileñas.

El Consejo ha vuelto a emplazar a Sánchez como tercero implicado para que alegue lo que estime conveniente antes de dictar su resolución.

Así, de nuevo, una vez más el presidente del Gobierno ha insistido en su negativa, y en un escrito fechado el 3 de diciembre y firmado por él mismo, ha «reiterado las alegaciones formuladas (…) solicitando que se tenga en cuenta mi derecho a la protección de datos de carácter personal en aquella información en la que el acceso no se justifica en la finalidad de la legislación en materia de transparencia».

De esta forma, Sánchez, que se erige a sí mismo como abanderado de la transparencia, prefiere ocultar su expediente, pese a la sombra que pesa sobre el posible plagio de su tesis doctoral, con el que estrenó el reguero de escándalos que han acompañado a su mandato.

Cabe recordar que una publicación de ABC señalaba que el presidente habría copiado contenidos de su tesis de trabajos anteriores de otros autores, sin citarlos y haciéndolos pasar como propios, y entonces Moncloa utilizó todos los recursos a su alcance para intentar aplacar la tormenta, que derivó en una querella presentada por Vox, que no prosperó en el Supremo, y en una comisión de investigación en el Senado que quedó en agua de borrajas por las elecciones anticipadas convocadas por Sánchez en abril de 2019.

Sánchez no quiere que se sepa su expediente rematado con una tesis cuyo plagió intentó desmentir desde La Moncloa pese a ser un asunto personal

Sin embargo, Presidencia del Gobierno llegó a publicar en su web un comunicado titulado «la tesis del presidente Sánchez supera ampliamente los softwares de coincidencias», en el que aseguraba que «tras el análisis de la tesis doctoral presentada por el presidente Pedro Sánchez en el año 2012, la evaluación de las herramientas Turnitin y PlagScan, determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias. En el caso del Turnitin ha obtenido un 13 %. En PlagScan ha cifrado un 0.96 %, cada uno con su metodología», informa Alicia Martín.

Una burda «verificación»

Sin embargo, según los documentos que obran en poder de la firma ITCD S.L. especializada en derecho de la información y asuntos públicos que da servicio a El Debate, todo fue una burda mentira que lanzó Moncloa para proteger a Sánchez, que acababa de llegar al palacio presidencial tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En concreto, una resolución del 25 de enero de 2019, el Consejo de Transparencia sentenciaba que «no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno. Y ello con independencia de que se hayan utilizado servicios y medios públicos para publicitar el resultado de dicha verificación».

Es decir, reconocía que Sánchez había utilizado los medios que tiene a su disposición por su cargo para intentar tapar el escándalo, tal y como ya se había visto obligada a reconocer la vicesecretaria General de la presidencia del Gobierno, que aseguraba que «ni la secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado el análisis, ni emitido informes o documentos en relación con el uso de las herramientas Turnitin y PlagScan».

Además, para evitar que se hablase de una posible malversación de fondos públicos, Presidencia del Gobierno argumentaba que «el software utilizado no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis no habían sido realizadas (...) por órgano alguno de la Presidencia del Gobierno», aunque sí fueron publicadas en la web del Gobierno, para limpiar la imagen del recién nombrado presidente.