El Supremo avanza en la causa contra el fiscal general pese al intento de García Ortiz de bloquearla

El magistrado que instruye la causa penal por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado contará con «cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado», entre el 8 y el 14 de marzo, para esclarecer su grado de responsabilidad penal en la presunta filtración de datos judiciales y fiscales reservados de la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador.

Pero, a cambio, ha sumado varias nuevas pesquisas a los indicios incriminatorios que, hasta la fecha, juegan en contra del máximo titular del Ministerio Público que, con este escenario, habría buscado actuar de cortafuegos del Gobierno en un caso que ya apunta, por otros cauces fehacientes, a un supuesto plan orquestado entre Moncloa y Ferraz para desgastar política y personalmente a Díaz Ayuso, talón de Aquiles de Pedro Sánchez.

Tras conocerse la noticia del borrado, la Fiscalía se apresuraba a explicar que, por razones de seguridad, ante la posibilidad de robo o pérdida, y de acuerdo con una instrucción del año 2019, se aconsejaba a los miembros de la institución la eliminación periódica de los datos almacenados en sus teléfonos móviles.

Sin embargo, a la vista de que la otra imputada en la causa, la fiscal Rodríguez sí conservó las comunicaciones del caso intactas, cabrían dos posibilidades más: la eliminación intencionada de lo que no interesa que se conozca o un cambio de terminal –que se produjo– a uno nuevo y distinto del utilizado durante los días señalados por el magistrado para las pesquisas, en el que se insertó la SIM y que no importó dato alguno de ninguna cuenta. Es decir, un número reiniciado sin recurrir a la copia o a la transferencia de datos que, en último término, no habría dejado rastro de lo investigado.

Así las cosas, lejos de favorecer la posición procesal de García Ortiz, la noticia habría sumado un indicio incriminatorio más —y «bastante cualificado», según apuntan algunas fuentes consultadas por este diario— en contra del máximo titular del Ministerio Público. No en vano, el fiscal general era consciente de que el cerco se estrechaba, cada vez más, sobre el origen de las filtraciones y las personas que tuvieron acceso al mail confidencial del que, también, Moncloa tuvo conocimiento antes de su publicación en los medios.

Quizás, por ello, García Ortiz decidió, presuntamente, entregar el día del registro de la UCO un terminal antiguo que fue formateado —según arguye la Fiscalía por cuestiones de seguridad—, por lo que varias de las acusaciones personadas han instado al juez para que solicite copias de seguridad de los mensajes eliminados.