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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont durante una reunión con el político Pedro Sánchez en Barcelona. 15/03/2016 BarcelonaGTRES

Socios de investidura

Sánchez juega con el vacío legal para vender como «normalidad democrática» una visita al prófugo Puigdemont

El presidente del Gobierno confirmaba, en estos días, por primera vez en público su intención de reunirse con el líder de Junts, en plena negociación de los votos necesarios para aprobar los presupuestos

Por primera vez, en público, en una declaración de intenciones que se guardará en la hemeroteca de la historia política más reciente de nuestro país, durante el balance anual de este lunes Pedro Sánchez reconocía abiertamente la posibilidad real de llevar a cabo una visita a Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia y líder de Junts, para fotografiarse con él.

Una imagen que, pese a la polémica, el presidente vendía como un ejercicio de «normalidad democrática» que, en realidad, se aprovecharía de un vacío legal por el que semejante encuentro no tendría «ninguna trascendencia en ningún ámbito del derecho, como no la han tenido las previamente mantenidas por otros enviados del Gobierno», coinciden los juristas.

No en vano, ya el pasado 4 de septiembre de 2023, la ministra de Trabajo y una de las vicepresidentas del por entonces Ejecutivo en funciones, Yolanda Díaz, se desplazaba hasta Bruselas para entrevistarse con el expresidente catalán y ex europarlamentario en el marco de las negociaciones para la posible reelección de Sánchez a la investidura. Una cita que se prolongaba durante alrededor de tres horas, y al término de la que tanto Sumar como Junts anunciaban en un comunicado conjunto su coincidencia en «explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político» en Cataluña, mientras que era el propio Puigdemont quien, en dicha oportunidad, calificaba la imagen como un ejercicio de «normalidad democrática».

Ahora es Sánchez quien ha replicado el discurso para justificar que «evidentemente» se reunirá con Puigdemont y con Junqueras tras ser reelegidos como líderes de Junts y ERC, respectivamente, aunque ha dicho que no sabe cuándo se verá con ellos. Un gesto que, «más allá de las implicaciones éticas, estéticas y políticas no tiene reflejo alguno desde un punto de vista legal», coinciden los expertos consultados por El Debate.

Es decir, para quienes busquen algún tipo de penalización jurídica para el presidente del Gobierno cabe señalar que «no hay un delito tipificado, como tal» para un futuro y eventual escenario como el que planea llevar a término Sánchez.

Cabe recordar cómo, en julio de este mismo año, la Sala Penal del Tribunal Supremo acordaba inadmitir y archivar, por «no apreciar delito alguno», un total de cinco denuncias y una querella presentadas contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, precisamente, por la reunión mantenida con Puigdemont.

Las acciones legales, formuladas por asociaciones como Sociedad Civil Catalana (SCC), abogados y particulares, que fueron sido estudiadas conjuntamente, consideraban que Díaz podía haber incurrido en varios presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público, encubrimiento, ultraje, malversación de caudales públicos, traición y contra la paz e independencia del Estado español.

Sin embargo, para el Alto Tribunal los hechos no fueron encuadrables en el tipo penal de ninguno de dichos ilícitos. «Como se puede presumir de las informaciones publicadas, el hecho denunciado se enmarca en las negociaciones que se estaban llevando a cabo por los representantes de los distintos grupos parlamentarios para conseguir la investidura de un determinado candidato como presidente del Gobierno y resulta harto discutible que puedan ser incardinadas en ninguna de las conductas que los querellantes han considerado delictivas» recogía el auto dictado, en su momento, que conforma un importante precedente para lo que está por llegar.

Así las cosas, un Sánchez que necesita los votos de Junts y de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 está dispuesto a acudir a la llamada de Puigdemont que le lleva exigiendo un tiempo que viaje a Bruselas para mantener un encuentro con él, como una de las condiciones sine qua nom para negociar su apoyo a estas cuentas públicas.

En este contexto, Sánchez ha defendido que el Gobierno, la sociedad catalana y el resto de la sociedad española «ha pasado página» de lo que sucedió en 2017: «La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia delante porque tenemos enormes retos por delante».

«Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de ERC como de Junts per Catalunya», sentenciaba Sánchez en su última comparecencia de 2024 ante los medios.