El año de losdisgustosde Sánchez

Almudena Martínez-Fornés

Termina el año y es hora de hacer balance. Seguramente en el palacio de la Moncloa no recordarán 2024 con cariño. El tiempo dirá si el año que viene hace bueno al que termina. Repasemos algunas de las fechas de este annus horribilis para Pedro Sánchez.

La Guardia Civil detiene al asesor del exministro José Luis Ábalos por un presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. La investigación enseguida apuntó al propio Ábalos y al empresario Víctor Aldama como cabecillas de una trama que ha salpicado a una quincena de políticos socialistas. Así empezaba el caso PSOE.

El juez imputa a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, después de que el sindicato Manos Limpias presentara una denuncia relacionada con la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Después, el juez añade otros dos presuntos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional.

El presidente del Gobierno anuncia por carta que se retira durante cinco días a reflexionar sobre si debe continuar en Moncloa o renunciar después de la «operación de acoso y derribo» que dice estar sufriendo él y su mujer. Sánchez trató de utilizar al Rey para dar apariencia de verdad a lo que solo era un golpe de efecto para reforzar las adhesiones de sus seguidores.

Con 177 votos a favor y 172 en contra, el Congreso aprobó la ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez había comprado los siete votos de sus socios separatistas catalanes condenados en el «procés» a cambio de borrarles los delitos. A pesar de que la ley se hizo a la medida de Carles Puigdemont, el político fugado de la Justicia quedó fuera de su aplicación al excluirse el delito de malversación.

El juez que investiga a Begoña Gómez se desplaza a Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez, al que había citado como testigo en su condición de esposo, no de presidente del Gobierno. Sánchez se acoge a su derecho a no declarar por ser marido de la investigada y presenta una querella contra el juez por prevaricación judicial, que es rechazada por el tribunal.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugitivo de la Justicia, regresa a España siete años después de huir en el maletero de un coche. Tras realizar una sonada reaparición en un acto muy concurrido en Barcelona, Puigdemont desapareció y partió hacia Bélgica sin que las autoridades ni los Mossos d’Esquadra ordenaran su detención.

La debilidad parlamentaria obligó al Gobierno de Sánchez a retirar la tramitación en el Congreso del proyecto de techo de gasto debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y después de fracasar en su intento de convencer a Junts. Sánchez acumula medio centenar de derrotas parlamentarias desde que se estrenó el gobierno de coalición, hace poco más de un año.

Por primera vez en la historia de la democracia, el fiscal general del Estado fue imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La imputación se produjo después de que el novio de Isabel Díaz Ayuso denunciara a la Fiscalía por la difusión de un documento confidencial en el que negociaba el pago de un supuesto fraude a Hacienda.

El presidente del Gobierno, que había decidido acompañar a los Reyes en su primera visita a las zonas afectadas por la dana, abandonó a Don Felipe y Doña Letizia y huyó del lugar en cuanto llegaron a Paiporta, cuyos vecinos les recibieron con abucheos y lanzándoles piedras y barro. Los Reyes, que acabaron manchados de lodo, se quedaron a escuchar y abrazar a los afectados por la catástrofe.

El comisionista Víctor de Aldama, que quedó en libertad tras declarar ante la Audiencia Nacional, reveló que había realizado pagos a Ábalos y a Koldo García valorados entre 3,5 y 4 millones de euros, aparte de los realizados en forma de apartamentos y pisos. Además, extendió al PSOE el cobro de comisiones ilegales e involucró en la trama corrupta a 15 políticos del PSOE y del Gobierno.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, fue citado a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad. A Sánchez, que deberá declarar el 9 de enero, se le investiga por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública.