El juez que investiga a García Ortiz limita el acceso a las declaraciones grabadas para evitar filtraciones

«No se puede obviar las filtraciones que a determinados medios han tenido varias actuaciones, lo que ya ha dado lugar a la deducción de particulares para su remisión al Juzgado de Instrucción correspondiente, a los efectos oportunos, como se hizo mediante providencia de fecha 5 de diciembre de 2024», señala el juez del Supremo que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, por revelación de secretos.

En dicha resolución judicial, Hurtado envió a los juzgados de Madrid las quejas del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de la otra imputada en este caso, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; y, otra queja de la acusación particular ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, también por filtraciones.

Por todo ello, el instructor Ángel Hurtado, ha decretado «en el marco de limitación del ámbito de la publicidad que nos ofrece el artículo 232.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y para el momento procesal en el que nos encontramos» un auto en el que acuerda «que, en relación con las diligencias consistentes en la toma de declaraciones personales, quedará limitada a la entrega a las partes de su transcripción por escrito, no así del soporte videográfico en que queda registrado, al que podrán tener acceso en la sede de este Tribunal».

Así las cosas, el magistrado ha puesto pie en pared para asegurar que no se producen nuevas filtraciones de las imágenes de los testigos y/o imputados que a lo largo de esta semana han comparecido y los que, en las próximas, están citados para declarar en relación con la implicación del titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, en la difusión de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En el auto dictado, este mismo viernes, al que ha tenido acceso El Debate, el juez explica que, si bien la regla general es que «las actuaciones judiciales serán públicas», también se contemplan «excepciones previstas en las leyes de procedimiento». Entre ellas que, «por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones».

Además, Hurtado señala que, en lo tocante a la fase de instrucción, esa regla general se refiere a las partes del procedimiento judicial, ya que «el sumario sigue siendo secreto en el sentido genérico», «lo que implica que, por la razón de reserva que ello conlleva, está prohibida su difusión a terceros, por quienes han tenido acceso».

El instructor recuerda que, con motivo de la declaración testifical del que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el pasado 29 de noviembre, advirtió a las partes de que, «en relación con el sumario 'hay un secreto interno y un secreto externo'» y les rogó «la máxima discreción y el máximo escrúpulo en respetar» eso.