Los argumentos del Supremo que desmontan la defensa de la Moncloa a García Ortiz

el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado —que instruye la causa en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso— ha citado a declarar al máximo representante del Ministerio Público el próximo 29 de enero en un contundente auto en el que le sitúa como «la persona que dirigió los pasos que llevaron» a la filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña, una información —según el Alto Tribunal— «reservada y confidencial que no debió divulgarse».

La resolución del juez de instrucción desmonta gran parte del argumentario con el que la Moncloa ha defendido a García Ortiz desde que comenzaron las primeras pesquisas en la causa en la que se le investiga. En rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros, el del pasado 7 de enero, la ministra portavoz, Pilar Alegría, expresó que «sobre el fiscal general del Estado, máximo apoyo y máximo respaldo por parte de este Gobierno», que tiene la «sana costumbre de estar al lado de quienes persiguen el delito». En términos similares se expresó el propio Pedro Sánchez después de que el fiscal general fuese imputado, cuando le respaldó porque hizo «lo que debía hacer, que son dos cosas, la primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo».

Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido el miembro del Ejecutivo que más ha amparado al jefe de la Fiscalía. En una entrevista la semana pasada en RTVE criticó que «están intentando amedrentar al fiscal general», cuando «lo que ha hecho es contar la verdad». «¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad, desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y por su entorno político?», se preguntó el pasado mes de octubre en el Congreso para después pronosticar que la causa contra García Ortiz «quedará en nada» y subrayar que cuenta con su «total respaldo».

Sin embargo, el juez instructor constata en su reciente auto que el 7 de marzo, en cuanto la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández recibió los correos entre la Fiscalía de Delitos Económicos y la defensa del novio de Ayuso —que se remontan al 2 de febrero— se los envió «a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe Díez», que acaba de ser imputado. El dosier completo fue remitido a la FGE el 8 de marzo, día que la fiscal Rodríguez le dijo a García Ortiz «Hola. Jefe. A tu disposición».

«Esa documentación, que el día 8 había llegado a la Fiscalía General del Estado, es publicada 4 días después, en elDiario.es, a las 06:01 horas del día 12 de marzo, cuando todavía a esa hora el letrado de Alberto González Amador no tenía conocimiento de la denuncia», destaca la resolución. Horas después de que el periódico de izquierdas publicara su noticia, la fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE recibe un wasap de la fiscal Rodríguez en el que le dice «Diego me pidió las diligencias y le mandé todo. Así que imagino que después de analizarlas, es cuando se ha dado publicidad por FGE».

Igualmente, el magistrado instructor expresa que «en el caso de Álvaro García Ortiz la propia Unidad Central Operativa en su informe de 21 de noviembre de 2024 habla de 'la participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración'», lo que implica que se pueda «presumir» la «relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición».

El juez Hurtado también destaca respecto al fiscal general que «los pasos que da» para «hacerse» con el correo electrónico del novio de Ayuso en su «gmail particular», o «su intervención en la elaboración de la nota de prensa» que detallaba datos personales de González Amador, es «lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse». «La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente», añade.

Además, en relación con el papel que tuvo el órgano que encabeza García Ortiz, el Supremo también recoge que «con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024», email que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía de Delitos Económicos. En cuanto el equipo de la Moncloa recibió el expediente, se lo envió tanto al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, —para que «hiciera uso de él, con una clara finalidad política»— como «al medio de comunicación El Plural.com».