El PP denuncia ante la Comisión Europea la ley Begoña con la que Sánchez quiere intervenir la Justicia
vicepresidenta del Partido Popular Europeo y portavoz de la delegación española del PP, Dolors Montserrat, ha denunciado ante la Comisión Europea la conocida como ley Begoña, la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado viernes en el Congreso y con la que el Ejecutivo quiere intervenir la Justicia. Así, la dirigente del PP ha registra una pregunta escrita en la que muestra su preocupación sobre la reforma planteada.
«En un momento en que el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por revelación de secretos para fines políticos, el Gobierno español prepara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo de entregar la dirección de las investigaciones a la Fiscalía en detrimento de los jueces, que supondría un control indirecto del Gobierno sobre el archivo de las causas penales, incluidas las de corrupción», indica el texto, al que ha tenido acceso El Debate.
Para Montserrat «asistimos a una nueva maquinación del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar zafarse de los escándalos que le rodean, esta vez limitando las posibilidades de la acusación popular y manipulando las competencias de los jueces para que sea la Fiscalía sea quien decida el archivo de las causas penales que le incomoden».
Además, el escrito de la delegación española del PP en Bruselas resalta que «el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido que es 'imperativa' una revisión del funcionamiento de la Fiscalía antes de entregarle la instrucción de las causas penales, para garantizar su independencia».
En consecuencia, Montserrat pregunta si «¿considera la Comisión que la Fiscalía, elegida y controlada por el Ejecutivo, puede ocupar el papel de los jueces para dirigir la instrucción, asegurando los derechos procesales, con toda independencia, imparcialidad y transparencia tal y como establece el derecho europeo?».
«¿Va a interpelar la Comisión al Gobierno de España sobre esta reforma y sobre la de las acusaciones populares tras las advertencias del CGPJ y de las asociaciones de fiscales y de la magistratura?», se cuestiona también.