La Audiencia de Madrid respalda la querella de Vox contra Begoña Gómez por su software y la envía al juez Peinado

La Audiencia Provincial de Madrid ha enviado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, la querella presentada por Vox contra la mujer de Pedro Sánchez por un delito de tráfico de influencias por el sofware que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

Ha estimado así el recurso de apelación que interpuso la formación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que rechazó la querella el pasado septiembre al considerar que «los hechos denunciados» no revestían «los caracteres de delito» y que lo que manifestaba Vox se basaba «en meras sospechas y conjeturas» y no «en indicios sólidos de la comisión del delito». Ahora, este auto queda sin efecto tras el dictado por la Audiencia Provincial. Y el magistrado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, deberá decidir si la admite a trámite.

El partido de Santiago Abascal, a través de su equipo jurídico coordinado por Marta Castro, interpuso el pasado junio la querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid al ver indicios de delito. En concreto, consideraba que se podían haber utilizado fondos públicos a través de la universidad madrileña «que habría pagado el desarrollo de una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa en la UCM» que luego Begoña Gómez «habría utilizado para su sociedad».

La formación señalaba que la Complutense «inició en julio de 2023 la tramitación de un expediente de contratación» para el software «por importe de 72.000 euros (IVA incluido), que se firma el 2 de agosto del mismo año», pero que «con carácter anterior, la querellada se habría servido de tecnología cedida por Telefónica, Indra y Google».

«En torno a unos 150.000 euros a fondo perdido provendrían de estas tres compañías, siendo Telefónica e Indra patrocinadoras del Máster que codirige la mujer del presidente del Gobierno», indicaba Vox. Y destacaba el hecho de que la SEPI «ampliara su participación en Indra en un 28%, previa autorización del Consejo de Ministros, en febrero de 2022», y que las tres compañías «se desmarcaron del proyecto, con el software desarrollado al 80 %», posiblemente, entendía el partido, por un conflicto de intereses.