Junts se prepara para romper con Sánchez pero sin derribar su Gobierno

Muy rara vez Pedro Sánchez dice «no» a Carles Puigdemont. Ésta ha sido una de ellas. La decisión del PSOE de inadmitir a trámite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente a someterse a una cuestión de confianza no quedará sin respuesta. Puesto que los independentistas catalanes la habían puesto como condición para continuar con la legislatura.

Puigdemont vela armas hasta que el viernes reúna a su cúpula, un día después de que la mayoría formada por el PSOE y Sumar haga efectivo el veto en la reunión de la Mesa del Congreso de este jueves, presidida por Francina Armengol. Incluso los socialistas dan por hecho a esta hora que dará por rotas las negociaciones para los Presupuestos Generales de 2025, lo que obligaría a Sánchez a prorrogar por segundo año las cuentas de 2023, aprobadas en la anterior legislatura.

Desde el Ejecutivo llevan meses contemplando la seria posibilidad de no poder aprobar unos Presupuestos, ya sea por Junts o por Podemos (el otro factor más desestabilizante de la exigua mayoría del PSOE). Por tanto, llevan meses difundiendo la especie de que, en puridad, no son estrictamente necesarios. Porque sostienen que los Presupuestos actualmente en vigor, los de 2023, son suyos. Asimismo, argumentan que el PP está igual en las comunidades en las que gobernaba con Vox hasta el verano más Baleares, abocado a las prórrogas presupuestarias.

En cualquier caso, el prófugo apretará a Sánchez, pero no ahogará: la posibilidad de que apoye una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo es prácticamente nula hoy por hoy, según se han cansado de repetir los de Puigdemont. Por más que, el martes, el líder de los populares volviera a tender la mano a Junts para una moción de censura instrumental que acabe en elecciones y, así, devolver la palabra a los españoles.

Puigdemont tendrá la oportunidad de devolvérsela a Sánchez más pronto que tarde. El miércoles que viene, el Gobierno llevará a un Pleno extraordinario en el Congreso la convalidación de los tres reales decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre, como contó El Debate.

Los socialistas contaban con que Junts no fuera un problema en ninguno de los tres casos. De hecho, el que les preocupaba era el PNV y su voto en el decreto ley por el que el Ejecutivo creó un nuevo gravamen temporal a las energéticas durante 2025 (para satisfacer las exigencias de Podemos, Bildu, ERC y el BNG). A finales del año pasado, el Ministerio de Hacienda pactó una puerta trasera con Junts precisamente para que sus diputados no votaran en contra: una deducción a la que se pueden acoger las empresas cuando realicen inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización. Pero ahora el escenario ha cambiado.

Desde la Moncloa sostienen que tramitar la proposición no de ley de Junts sentaría un precedente «peligroso», porque otros socios podrían ir detrás. La realidad es que Sánchez no quiere ser humillado ni enfrentarse a una cuestión de confianza, porque que prosperase o no dependería de los siete votos de Puigdemont.