El fiscal que denunció al novio de Ayuso niega que exista un protocolo de «borrado» de mensajes en la Fiscalía

Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil notificó al juez Ángel Hurtado que se habían encontrado «cero mensajes» en el móvil incautado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante el registro de su despacho, se dispararon todo tipo de tesis y explicaciones desde la Institución, para justificar el no hallazgo. De hecho, consultada por lo ocurrido, fue la propia Fiscalía la que aseguró que se trataba de un «protocolo» interno, utilizado cada cierto tiempo por razones de seguridad, debido al carácter delicado de la información que se maneja en los terminales corporativos.

Sin embargo, en contra del proceder del imputado García Ortiz y de la versión del Ministerio Público, tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como el fiscal Julián Salto, que denunció al novio de Isabel Díaz Ayuso por delito tributario, han negado ante el magistrado del Supremo que exista dicha operativa.

Según ha podido saber El Debate, Lastra explicó ante el juez que, «nunca» se pierden o se eliminan los mensajes (SMS, WhatsApps,...) cuando se produce un cambio de terminal corporativo para algún miembro de la Fiscalía. Por ejemplo, en su caso, se vuelca todo el contenido de los móviles profesionales, del antiguo al nuevo, en un proceso que es tutorizado por Madrid Digital. Llegados a este punto, cabe recordar que ambos estaban hoy citados a declarar como testigos en la causa y, por lo tanto, tenían la obligación de decir la verdad.

Así las cosas, este nuevo dato aportado por los dos fiscales –y siendo que Salto es, además, el delegado del Servicio Informático digital (SIM) de la Fiscalía en Madrid– vendría no sólo a desmentir la justificación aportada por fuentes fiscales al «borrado total» de los mensajes, llamadas y contenido del móvil de García Ortiz. Además, se estaría desmoronando la excusa inicial ofrecida para justificar el proceder del investigado. Un escenario que podría llevarle a situarse ante una «eventual obstrucción a la Justicia o destrucción de pruebas», como apuntaron a este diario algunos expertos, tras el fracaso de la UCO en el volcado del teléfono.

No en vano, los investigadores pudieron constatar, poco tiempo después, que tanto García Ortiz como varios miembros de su núcleo duro en la cúpula de la Carrera, habían cambiado de número o de dispositivo antes de la entrada y registro ordenada por el juez Hurtado en la sede de la Fiscalía, en la madrileña sede de Fortuny, o inmediatamente después de la práctica de la misma. En cualquier caso, siempre una vez que la Sala Segunda del Alto Tribunal había abierto causa contra él.