El Gobierno de las bestias

Guardo como oro en paño, desde mis tiempos de opositor a la Abogacía del Estado, el texto de la conferencia que don Eduardo García de Enterría, catedrático de Derecho en la Universidad de Madrid, y con el título La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo, impartió en la Universidad de Barcelona el 2 de marzo de 1962. Su tesis: frente al poder abusivo no solo ha de poderse actuar mediante la escolástica rebelión contra el tirano o con el ejercicio de la acción penal frente al político criminal, sino que la entera actividad del Estado —y con ello del Gobierno, claro— ha de poder ser sometida a control judicial estricto. Eso es el Estado de derecho.

Pues bien, con la Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas (en adelante, Ley de Punto Final, para la Impunidad, Mordaza o de Obediencia debida al tirano, como quiera el lector) presentada por el PSOE para cercenar la llamada acción popular, España retrocede casi mil años porque esta acción popular venía ya recogida en Las Partidas de Alfonso X el Sabio; y por supuesto en la Constitución de Cádiz, permaneciendo en nuestro sistema desde la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Ahora, el Gobierno quedará impune, incluso penalmente, prohibiendo que Vox como partido actúe cuando la Fiscalía ceda o que jueces valientes persigan la corrupción. La proposición del PSOE es obra de bárbaros.

Un viejo socialista italiano, Calamandrei, dijo que la acción popular es escuela de ciudadanía y signo inequívoco de democracia. Ahora, los socialistas posmodernos están más preocupados en garantizarse su impunidad que en asegurar vivienda digna y asequible a todos los españoles. Retrocedemos también cien años.

El texto es obra de leguleyos sin escrúpulos, verdaderos chequistas del Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, cuando citan como fundamento la Directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas. Esta norma, precisamente, trata de defender a los denunciantes de corrupción, frente a las acciones infundadas de gobiernos y políticos; y ellos, los socialistas, lo retuercen como se retorcía el garrote vil en el cuello de los condenados. Ahora, prensa libre, jueces valientes y Vox verán retorcer su cuello.

La Ley para la Impunidad de Sánchez, su familia, su partido y su Gobierno, de aprobarse, será la consagración definitiva de la liquidación de las libertades en España. Así de sencillo.

La derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos es un ataque directo a la libertad religiosa de los católicos. Confundir la legítima crítica con la burla y la ofensa a los sentimientos y creencias religiosas es algo a lo que ni los bárbaros se atrevieron. Cuando uno vive en el fango, se convierte en bestia. Repito: es un ataque a los católicos; pues si la crítica se cierne sobre el Islam caerá sobre el autor la acusación de islamófobo e incitador al odio.

La Ley para la Impunidad constituye una embestida total a la libertad de prensa cuando se impone al Juez la obligación de inadmitir una querella fundada en informaciones periodísticas. Supongo que la forma de celebrar los 50 años de la muerte de Franco es reinvindar la brutal persecución del Frente Popular, que declaró el estado de alarma y la censura el día siguiente a las elecciones del 16 de febrero y lo mantuvo ya sin rubor, para siempre, siempre.

La Ley de Punto Final es una Ley contra Vox pues la prohibición de la acción popular a los partidos políticos, obviamente, se dirige contra quien ha ejercido ese mecanismo democrático frente a la desidia, lentitud o inacción de la Fiscalía, ya fuera contra el separatismo golpista en 2017, ya contra la corrupción masiva de Sánchez, familia, partido y gobierno. No se restringe a otros sujetos. Impunidad para ellos y persecución para la única Alternativa real. Es tan obsceno que la proposición niega a los españoles la acción popular legítima, pero se la atribuye a nacionales de la Unión Europea. Supongo para que Soros y su entramado de organizaciones sí puedan socavar nuestra democracia y soberanía.

La Ley de Obediencia Debida impone la mordaza a jueces y fiscales, con clara voluntad de impedir siquiera sus opiniones personales en reuniones privadas o cenas, charlas o conferencias, sujetos a la delación de cualquier chequista que quiera obtener los favores del autoproclamado tirano. Sánchez quiere ser rey, pero es un simple tirano. El hombre que gobierna sin razón, según el apetito de sus tripas, no difiere de las bestias.

Por supuesto que es un fraude de ley porque se elude, al presentarse como proposición y no como proyecto de ley del gobierno, los dictámenes preceptivos del CGPJ o del Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Pero Conde-Pumpido, nombrado por PP y PSOE, ya se encargó de decir que eso era admisible en STC 19/2023, a las pocas semanas de su nombramiento, en recurso interpuesto también, cómo no, por Vox.

Termino con esperanza. Frente al tirano, vencerá el pueblo español. Las Leyes de Punto Final aparecen al final de los regímenes. Solo se trata de una cosa: no concederle ni un milímetro. En eso estamos.

• Jorge Buxadé es vicepresidente de Vox y diputado en el Parlamento Europeo