Se disparan las peticiones de protección internacional entre los inmigrantes en España

España batió un nuevo récord de peticiones de protección internacional recibidas en la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Un total de 167.366 personas solicitaron refugio en España a lo largo de 2024, la mayoría de ciudadanos procedentes de Venezuela y Colombia.

España ha sido el segundo receptor de protección internacional de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con un 2,5 % de peticiones más que en 2023, según ha informado Interior.

Se han resuelto 96.251 expedientes, lo que se traduce en un 4,2 % más que el año anterior y la mayor cifra también desde la creación de la oficina, en 1992, con la excepción de 2020 por la pandemia.

Por nacionalidades, el país de origen con más solicitantes ha sido Venezuela, con 66.134 peticiones (el 39,5 % del total) y Colombia (40.140). Ambos países suman el 63,5 % de todos los expedientes formalizados en 2024 y les siguen, por número de solicitudes, Mali (10.673), Perú (10.427) y Senegal (7.708).

Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (47.439), por delante de Andalucía (25.538) y Cataluña (17.488).

Refugiados

En 2024 España concedió el estatuto de refugiado a 6.355 personas, un tipo de protección que se da a extranjeros de nacionalidad no comunitaria o apátridas que huyen de sus países de origen porque son perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Las cinco primeras nacionalidades de las personas que han recibido este estatuto son Nicaragua, Siria, Afganistán, Colombia y Honduras.

Por otro lado, se ha tramitado también la protección subsidiaria para 11.453 personas, un 200 % más que el año anterior y la mayor cifra de las concedidas hasta ahora en España.

Este tipo de protección se otorga a quienes no cumplen los requisitos para ser considerados refugiados pero que no puedan regresar a su país porque se arriesgan a ser condenados a pena de muerte o sufrir torturas y amenazas graves contra su vida.

Y por último, 33.534 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, han recibido, además, autorización de residencia por razones humanitarias durante un año.