Armengol lleva la sumisión del Congreso a Sánchez a otro nivel

No imaginaba el PP cuando empezó la legislatura que acabaría echando de menos a la presidenta del Congreso en la anterior, Meritxell Batet. La decisión de la Mesa del Congreso de aplazar sine die, y por segunda vez, la admisión a trámite o no de la proposición no de ley de Junts instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza ha terminado de retratar a Francina Armengol.

Los populares se quejan de que la tercera autoridad del Estado ha convertido la Cámara Baja en un apéndice de la Moncloa, poniendo al poder legislativo al total servicio del poder ejecutivo. A pesar de que el artículo 66 de la Constitución asigna a las Cortes Generales una misión fundamental en democracia: «Controlan la acción del Gobierno», establece.

Los manejos de Armengol para defender los intereses del PSOE y de Sánchez han sido una constante en el apenas año y medio que lleva como presidenta del Congreso. Incluso a costa de enfrentar el Congreso a la otra cámara legislativa, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. A finales de diciembre, el Senado llevó al Congreso al Tribunal Constitucional por ignorar el veto del Pleno de la Cámara Alta a la llamada ley Txapote, que beneficia a los presos de ETA en cárceles francesas.

El pasado octubre, Armengol y la mayoría de izquierdas de la Mesa del Congreso despacharon este veto en cuestión de minutos y sin un informe jurídico que respaldara su postura. Simplemente dieron por aprobada la ley Txapote y la enviaron al Gobierno para su publicación en el BOE después de que el letrado mayor, Fernando Galindo, leyera unas consideraciones de viva voz.

También en octubre, Armengol se negó a suspender el Pleno extraordinario que había convocado el día después de la dana para que el PSOE y sus socios culminaran el asalto a RTVE (los diputados tenían que votar la convalidación del real decreto ley para la renovación del ente público). Solo suspendió la sesión de control al Gobierno de aquella mañana. Le llovieron las críticas, aunque únicamente cumplía órdenes.

'El congelador de Armengol'

Pero lo que más indignados tiene a los populares es que Armengol esté dilatando la tramitación en el Congreso de 15 proposiciones de ley aprobadas en el Senado con la mayoría absoluta del PP, para que no lleguen a ningún puerto. Y menos al Pleno. El truco está en que la Mesa de la Cámara Baja las califica, las envía a la comisión correspondiente y, sucesivamente, va decidiendo ampliaciones del plazo de enmiendas. El récord lo tiene una proposición de ley para rebajar el IVA a las peluquerías al 10 %, que está varada en la Comisión de Hacienda del Congreso desde diciembre de 2023: Armengol y su mayoría la han sometido ya a 39 ampliaciones del plazo de enmiendas para que no salga de ahí. En el PP lo llaman «el congelador de Armengol».

En noviembre, precisamente en esa Comisión de Hacienda se dio una situación insólita. Su presidente, con la necesaria connivencia de Armengol, suspendió durante cuatro horas y sin explicación una sesión que estaba celebrándose para que el PSOE negociara con sus socios el paquete fiscal y no perdiera la votación. Los populares llegaron a hablar de «secuestro» porque no podían irse a ningún lado hasta que se produjese la votación.

Vox también viene sufriendo los vetos de la mayoría de izquierdas de la Mesa del Congreso, capitaneada por la expresidenta de Baleares. Muchas de sus iniciativas ni siquiera pasan ese primer filtro, sino que el órgano de gobierno de la Cámara se niega a calificarlas, a que se debatan en sede parlamentaria. En la reunión de este jueves, así sucedió con una proposición no de ley que, además de reiterar que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, condenaba la actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pasto de teorías conspiranoicas

A mayores, la presidenta del Congreso ha permitido que la Cámara sea pasto de las teorías conspiranoicas de los independentistas catalanes contra el CNI, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y el Gobierno de Mariano Rajoy. Al poner la alfombra roja, por orden del presidente, a sendas comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils ocurridos en agosto de 2017 y sobre la Operación Cataluña. Puesto que fue uno de los compromisos de investidura con Junts. De hecho, en la reunión de la Mesa de este jueves, la mayoría de izquierdas acordó la celebración de nuevas sesiones de la comisión sobre la Operación Cataluña.

En febrero del año pasado, el PP registró un escrito para denunciar la «falta de imparcialidad» de Armengol y pedir amparo a la Mesa del Congreso. En él, los populares acusaban a la presidenta de tener «actitudes partidistas» impropias. No sirvió de nada.

Ya en sus primeras semanas como presidenta del Congreso, Armengol dejó varios botones de muestra. Convocó un Pleno extraordinario para la reforma exprés del Reglamento que iba a permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara, y dejó que se aplicara 48 horas antes de que entrara en vigor. Designó como secretario general del Congreso (y, por tanto, letrado mayor de las Cortes) a un alto cargo del Ministerio de Política Territorial, Fernando Galindo. Tardó casi un mes y medio en poner fecha al debate de investidura de Sánchez, en lo que los socialistas convencían a Junts. Y levantó ampollas en la oposición con su discurso en el juramento de la Constitución de la Princesa Leonor al cumplir la mayoría de edad: no se refirió a la continuidad de la Corona, asegurada en la figura de la heredera, y tampoco a la Monarquía Parlamentaria. Ni una sola alusión.