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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegando al Supremo
Revelación de secretos
García Ortiz desautoriza al juez y niega los indicios en su contra, pero no aporta su móvil para desmontarlos
El fiscal general, con el soporte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía allana el terreno para que se declare la nulidad de un futuro y eventual juicio que cada vez parece más cerca
La declaración de Álvaro García Ortiz en el Supremo ha sido inédita. No sólo por el hecho de que, por primera vez en la historia de nuestra democracia, el fiscal general del Estado haya comparecido ante el Alto Tribunal en condición de investigado por un delito, de revelación de secretos, sino porque su negativa a contestar las preguntas del juez Ángel Hurtado, al que ha desautorizado como instructor, le coloca en una tesitura difícil de explicar desde su posición institucional, como máximo garante de la legalidad.
En palabras de los abogados de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que le denunció por presuntamente filtrar sus datos confidenciales, García Ortiz se ha convertido «en el mayor enemigo de la función jurisdiccional» del TS, buscando «boicotear la actuación» del juez que le investiga y «prevaliéndose», para ello, de su cargo.
Un lawfare de manual en boca del fiscal general del Estado sobre el que pesa la sospecha de que pudo facilitar información protegida de un particular, a prensa y miembros de la Presidencia del Gobierno, en el marco de una 'operación de Estado' contra una rival política. Una «provocación» innecesaria que «socava todavía más a toda la Institución» y al Poder Judicial «en su conjunto».
«Se puede afirmar sin ápice de error que Álvaro García Ortiz ha abandonado la misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad hasta convertirse en el mayor enemigo de la función jurisdiccional del órgano al que nos dirigimos, haciendo uso para su personal y defensiva misión de tratar de boicotear la actuación instructora (procesal y extraprocesalmente), de las prerrogativas del cargo que aún conserva en la forma que sigue», denunciaban ayer mismo los letrados de la pareja de Díaz Ayuso en respuesta a un recurso previo, planteado por la Abogacía del Estado.No en vano, en el escrito original, el letrado público que se encarga de la defensa de García Ortiz trataba de anular algunas de las diligencias más relevantes autorizadas por el magistrado alegando, por ejemplo, que la entrada y registro del despacho del titular del Ministerio Público fue un «allanamiento» en el que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Cabe recordar que como resultado de la misma, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron del terminal móvil de García Ortiz que, poco después, confirmarían que había sido «totalmente borrado» y sustituido por un nuevo dispositivo, cinco días después de saberse investigado.
Éste es, sin duda, uno de los aspectos más relevantes del procedimiento. Y es que, la táctica de García Ortiz lejos de situarse en la colaboración esperada desde su puesto, apunta más bien a un intento de sembrar dudas graves sobre la imparcialidad del juez instructor y la legalidad de algunas de sus decisiones, con el objetivo de que, llegado el caso, se anule la celebración de un juicio oral que, cada vez, parece estar más cerca.
Que «aporte» su teléfono móvil
«García Ortiz procedió a deshacerse del teléfono móvil que contiene la información y comunicaciones de los hechos después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo hiciera pública su decisión de asumir la competencia e investigarlos, haciendo uso para ello de su cargo público», apuntaban los abogados de González Amador en oposición al recurso de la Abogacía del Estado.
«¿Por qué no aporta el señor García ese dispositivo móvil y termina de una vez, a través de la verdad, con cualquier recurso o discusión?. La respuesta es evidente: porque la información de dicho dispositivo no haría sino reflejar las delictivas conductas por él protagonizadas y que ya se conocen con un nivel de detalle abrumador», opina la representación jurídica de González Amador.
En esta línea, critica el hecho de que la defensa de García Ortiz (ejercida por la Abogacía del Estado) asegure que el auto del juez no valore contraindicios y en lugar de cooperar y facilitar la investigación hayan elegido «un camino muy largo cuando está en su mano algo mucho más sencillo y objetivo».
«¿Por qué en lugar de tratar de inventar contraindicios –que no lo son– no aportan los teléfonos que han desaparecido después de que esta causa se iniciara con los datos de las comunicaciones mantenidas entre ellos los días 7 y 14 de marzo de 2024?», se preguntaban desde la acusación.
Y es que, así las cosas «no sólo no existe base objetiva alguna de lo que se califica como contraindicio, sino que mostradas las mentiras que acompañan esa calificación, lo que se muestra no viene sino a apuntalar los resultados de la instrucción incorporados al sumario».
De hecho, en el auto recurrido por García Ortiz, que enfrenta jurídicamente a los abogados de la pareja de la presidenta de Madrid con el abogado público José Ignacio Ocio Martínez de la Puente, todavía pendiente de resolver, el magistrado Ángel Hurtado hacía un exquisito resumen de lo actuado hasta la fecha. Destacaba el juez que la UCO, en su informe de 21 de noviembre de 2024, habla de cómo fue «la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada».
«Sin entrar en consideraciones al respecto –añadía el instructor–, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».
Extremo, este último que García Ortiz ha negado, rotundamente, pese a que los testimonios de los fiscales que se han acercado como testigos al Supremo, apuntan en sentido contrario; y, que el tono y contenido recogidos en los mensajes interceptados por los investigadores en el móvil de la segunda coimputada, la fiscal provincial Pilar Rodríguez, que hoy seguirá los pasos de su jefe en el Alto Tribunal, reiteran tanto las «prisas» como la «intensidad» de los mensajes enviados a ésta por el fiscal general, la noche de autos.