Otra falsa alarma de Puigdemont: guía para seguir la legislatura del absurdo

De José Luis Rodríguez Zapatero se decía que tenía baraka. De Mariano Rajoy, que tenía el superpoder de saber esperar cuando todos a su alrededor se desesperaban. Y de Pedro Sánchez, que siempre cae de pie. La semana que acaba puede resumirse con una frase: dame pan y llámame Pedro. Cuando el presidente se encontraba sin salida, Carles Puigdemont le tendió la mano para sacarle del hoyo en el que él mismo le había metido. ¿Humillante? Peor sería estar en la oposición.

El uno sacrificó más de la mitad de su decreto ómnibus, amén de su credibilidad —una vez más— y la de sus ministros. El otro se tragó enterita la cuestión de confianza a la que exigía a Sánchez que se sometiera. Porque la proposición no de ley de Junts que la Mesa del Congreso admitirá a trámite el martes —a la tercera— es tan falsa como un duro de madera, y valdrá lo mismo que un duro de madera cuando se debata y apruebe en el Pleno de la Cámara Baja (probablemente será la última semana de febrero o la segunda de marzo).

La prueba definitiva ha sido el cambio en el redactado introducido por los catalanes: «El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa de le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica». La nada.

Otra falsa alarma, otra alarma falsa. Como los cinco días que se tomó el presidente para pensarse si le valía la pena continuar al frente del Gobierno porque el juez Juan Carlos Peinado había imputado a su mujer. Como cuando Puigdemont amenazó con volarlo todo por los aires en Madrid si, pese a perder las elecciones catalanas en mayo de 2024, Sánchez no ordenaba al PSC de Salvador Illa investirlo presidente de la Generalitat. Pedro y el lobo.

Junts quiere dejar de ser el partido chirigota de la república catalana de los 8 segundos y volver a ser el partido del seny, el partido bien de Cataluña. O parecerlo al menos. Los independentistas se precian de haber conseguido medidas de protección a los propietarios frente a la okupación y la inquiokupación (una línea de avales por impago a cargo del Gobierno) a cambio de su apoyo al decreto ley. También, de haber desatascado inversiones millonarias de Repsol en Cataluña gracias a que, en diciembre, tumbaron con sus votos el gravamen temporal a las energéticas (con los suyos, pero también con los del PP, Vox y el PNV).

El jueves, una delegación de empresarios catalanes acudió en peregrinación a Waterloo para reunirse con Puigdemont. El empresariado catalán es consciente de su capacidad de influencia sobre Sánchez y, por extensión, en el BOE. «Hace falta menos burocracia, una fiscalidad justa y normativas más flexibles», señaló este. Que vaya tomando nota el presidente.

Los efectos colaterales

El acuerdo del martes entre los dos políticos para el decreto ómnibus y para retomar las negociaciones de la reducción de la jornada laboral, el traspaso de las competencias migratorias, la senda de estabilidad, los Presupuestos de 2025 y el resto de las carpetas ha tenido efectos colaterales a ambos lados del muro, que diría Sánchez.

En su lado ha dejado a los demás socios de investidura enrabietados por el egocentrismo de Puigdemont y el papel dominante de Junts en la manada. A ERC sobre todo, pero no solo. Mala noticia para ellos: remedio no tiene. Mala noticia para Sánchez: todos querrán hacer valer sus votos (necesarios) y hacerse respetar en la negociación de los Presupuestos, especialmente Podemos. Mala noticia para las arcas públicas: no saldrá barato, si es que sale (los socialistas ni quieren ni pueden echar las campanas al vuelo).

Uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo piensa Sánchez convencer a los morados para aumentar la inversión en Defensa en los Presupuestos de 2025, después de que el lunes reiterara su compromiso al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una reunión mantenida en la Moncloa. Para que las cuentas públicas sean aprobadas, el Pleno del Congreso tiene que aprobar todas las secciones, correspondientes a cada ministerio: si cae una, caen todas. La del Ministerio de Defensa suele dar problemas en la izquierda. En los Presupuestos de 2023, con la guerra de Ucrania en su punto álgido, el PP votó a favor de la Sección 14, la del Ministerio de Defensa, para garantizar su aprobación sin importar lo que hiciera la ultraizquierda.

A Sumar tampoco le gusta que Junts sea el gallo del corral, pero es lo que hay. Yolanda Díaz ya anda en campaña con los independentistas catalanes para que apoyen la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas —misión complicada—, una vez que la vicepresidenta ha recibido la bendición de Sánchez.

En la derecha, esos efectos colaterales son mucho más evidentes. Es digno de estudio cómo en seis días el presidente consiguió transformar una situación límite para él, la que vivió tras la derogación del primer decreto ómnibus, en un problema para Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP temió que Sánchez le hiciera la maniobra del mataleón —nunca hay que despreciar la potencia de los altavoces monclovitas— y corrió a anunciar que los populares votarían a favor de la revalorización de las pensiones y de las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA. De eso y de todo lo demás, le guste o no.

Los populares llevan desde el miércoles intentando justificarse, hostigados por las críticas del PSOE y de Vox y esperando a que pasen los días y escampe. No es fácil de explicar, pero sí es fácil de entender. Votaron en contra la primera vez para derrotar a Sánchez. Votarán a favor la segunda vez para que los pensionistas no los derroten a ellos.