García Ortiz: «No necesito habilitación legal expresa para una nota de prensa, soy el fiscal general»

«Yo no necesito una habilitación legal expresa para interesar que se haga una nota de prensa, en absoluto, soy el fiscal general del Estado», respondía hace una semana Álvaro García Ortiz a preguntas de su defensa ejercida por la Abogacía del Estado. El Debate ha accedido a la transcripción íntegra de su comparecencia, como imputado por un presunto delito de revelación de secretos, ante el juez Ángel Hurtado, el pasado día 29 de enero, en la que pese a negarse a contestar las cuestiones del magistrado, sí dio información cumplida de lo ocurrido a su letrado.

De hecho, García Ortiz confirmaba, el pasado miércoles en la sede del Alto Tribunal, que la nota prensa de la polémica, se confeccionó «a través de la directora de comunicación» del Ministerio Público, Mar Hedo. «Yo le voy proporcionando los datos. Le digo lo que quiero. Creo que hay un consenso en lo que había que hacer», aseguraba el máximo titular de la Institución Fiscal para rebatir «una mentira» que se había publicado. «El fiscal nunca ofreció un pacto de primeras al investigado», recordaba, tajante, García Ortiz.

Creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información como yoÁlvaro García OrtizFiscal general del Estado

Sin embargo, más allá de esta afirmación, no «facilitó, divulgó, ni reveló» ningún dato relacionado con las cuestiones tributarias o judiciales del novio de la presidenta de Madrid, ni tampoco los términos o contenido de la denuncia interpuesta por el fiscal Salto contra el empresario que, sin embargo, trascendió a los medios de comunicación.

El fiscal general respondió «rotundamente» al abogado público, que tiene asignado, que «no» reveló, ni «directa, ni indirectamente» datos sensibles de González Amador a la prensa, como tampoco lo hizo a ninguna otra «persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España».

Unos datos que, sin embargo, desaparecieron de su terminal móvil, cinco días después de saber que estaba siendo investigado, previo cambio del teléfono porque, aseguró, que dado que «alberga información que por supuestísimo puede afectar a la seguridad de este país» es un criterio que sigue «de manera regular». «Yo borro todo, absolutamente todo (...). No puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros», insistió a preguntas de su abogado.

«Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. No lo digo yo, lo dice el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea y lo dice la Ley de Protección de Datos Española», insistió García Ortiz.

Una explicación que, sin embargo, contrasta con las explicaciones posteriores que da sobre los motivos que le llevaron a pedir a la fiscal provincial de Madrid, la también coimputada Pilar Rodríguez, que le enviase toda la documentación a su mail personal, como reveló El Debate en exclusiva y, posteriormente, confirmaron las pesquisas de la UCO.

«En la Fiscalía española se reciben a horas intempestivas muchas informaciones (...) de situaciones límite que se producen en cualquier momento. Yo, como fiscal general, puedo estar en cualquier sitio del país realizando cualquier actuación, a mí se me informa de la manera que yo estimo más oportuna que me diera la información», apuntaba García Ortiz en contestación a las cuestiones de la Abogacía del Estado.

«Si no uso el correo corporativo (...) es por una cuestión de simple utilidad y correo corporativo, como el de cualquiera que maneja el fiscal punto es tiene un pequeño retardo, y se maneja peor desde los dispositivos móviles», explicaba.

«Para mí es más operativo, mucho más operativo, usando Gmail, y esa es la única razón, como digo. Usar el WhatsApp o el Gmail en las comunicaciones del artículo 25 (EOMF), es normal en la Fiscalía española, sin perjuicio de después documentarlo», defendía el titular máximo de la Institución. «Incluso hay una Instrucción de la propia fiscalía de Madrid, que expresamente habilita o establece la posibilidad del uso del WhatsApp o de otros medios de comunicación para dar cuenta» por esta vía.