Cándido, en sus manos encomienda Pedro su alma autócrata

Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 76 años) acaba de decidir que participará en la deliberación y fallo de los recursos de amparo presentados por líderes del procés como Junqueras contra el Supremo por negarse a amnistiarlos por malversación. A pesar de que hace cuatro años se abstuvo de intervenir en todo lo que tuviera que ver con el golpe separatista, ahora quiere participar para no dejar un resquicio donde se cuele la separación de poderes. Así es el hoy presidente del TC, que ingresó en la carrera judicial en 1974 y dos décadas más tarde ascendió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, institución que siempre quiso presidir.

Como no lo consiguió, su animadversión por Manuel Marchena, que acaba de abandonar ese cargo y al que siempre acusó de quitarle el puesto, ha marcado buena parte de su ejercicio profesional. Hoy rivaliza con Álvaro García Ortiz por el Ministerio número 23 del Gobierno de Pedro Sánchez.

Como presidente del Tribunal Constitucional desde hace ahora dos años, el régimen socialista tiene en él a su último valedor. Su gran obra: hacer del TC un tribunal de casación para enmendar las sentencias del Supremo. Una manera de lograr un cargo por la puerta de atrás que no supo ganar por méritos.

En sus tiempos mozos en la Sala de lo Penal fue uno de los magistrados que, en la sentencia de los GAL, condenó a José Barrionuevo y a Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey. Pero nunca ocultó su alma socialista: ese sesgo le llevó a ser nombrado fiscal general del Estado por José Luis Rodríguez Zapatero y ahora su sanchismo militante le ha granjeado ser designado el principal garante del cumplimiento de la Constitución.

Y eso que ni siquiera tuvo una victoria clara y se conformó con ser nombrado presidente de la Corte de Garantías por solo seis votos frente a los cinco de su compañera María Luisa Balaguer. Raspadito.

Hoy tiene la nefasta misión de lavar y dar esplendor a todos los trapos sucios que le manda el presidente. Es el conseguidor que todo autócrata necesita en una institución clave que hoy ya solo actúa como azote del Tribunal Supremo, de las pocas instituciones del Estado que se le resisten al Gobierno. Dos de las últimas sentencias que llevan su firma -el amparo a Otegui y a Alberto Rodríguez, el «rastas» de Podemos- han enfangado a la alta institución devenida en un órgano corrector de las decisiones del TS; algo insólito en la Europa democrática.

Hijo de un exteniente fiscal del Supremo, vivió desde la Audiencia Provincial de San Sebastián la terrible época de plomo de ETA. Por eso, es incomprensible que pronunciase la indigna frase que le servirá de epitafio: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo el camino».

Que en términos prácticos es tanto como supeditar la legalidad que juró defender a la coyuntura política que en aquel momento aconsejaba blanquear a Batasuna para que sus amigos de ETA dejaran de matar. Para ello le nombró Zapatero fiscal general del Estado, con el mandato más largo de la historia de la democracia (2004-2011).

Según la doctrina de Pumpido, las normas son adaptables a conveniencia del poder de turno; los tribunales tienen que ser permeables al mando supremo y a sus intereses y adaptar los criterios jurídicos a la estrategia del Sumo Líder. Esa es la filosofía que aplicó durante su mandato en el Ministerio Público, idéntica a la que ha impulsado ahora en el Constitucional: de las 85 sentencias emanadas de este tribunal, ni una sola ha dado la razón a los recursos del PP, planteados contra las leyes más ideológicas de la izquierda.

Desde el aborto, consagrado como un «derecho», hasta la renovación urgente del Consejo de RTVE, pasando por el juramento irregular de acatamiento a la Constitución de los separatistas, así como por la eutanasia o el engendro de la educación Celáa.

Toda la ingeniería social de Zapatero y Sánchez ha sido convalidada por Cándido, corresponsable con sus dos presidentes y amigos de una reforma de la Constitución encubierta. Su última aportación a la causa monclovita: haber anulado la condena a los sentenciados de los ERE, encabezados por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar nueva sentencia.

Este fiscal gallego es una persona correosa, a decir de sus compañeros. Tiene, no obstante, fama de poseer una incuestionable talla jurídica que, sin embargo, nunca ha prevalecido por encima de sus gustos ideológicos.

Ha dividido el TC en dos -cuatro magistrados conservadores contra siete de izquierdas-, llevándolo al más grande de los desprestigios. Sin embargo, alardea de haber reformado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que los Gobiernos pudieran destituir a los fiscales generales sin razones tasadas.

Casado en segundas nupcias con una vocal del CGPJ y padre de un controvertido hijo habitual de las páginas de sucesos y del cuché, su más preciado tesoro es haberse encaramado a la presidencia del Tribunal, del que es magistrado desde 2017, que tiene en su mano avalar la ley de amnistía que el presidente del Gobierno ha entregado a Puigdemont -que no se ha podido beneficiar de ella gracias al Supremo- a cambio de que le mantenga en el palacio de La Moncloa.

Pero la traca final está por llegar: nadie duda de que bajo su mandato el Gobierno posibilitará un referéndum en Cataluña y quizá también en el País Vasco. Para entonces la toga de Cándido Conde-Pumpido será ya una bayeta que posiblemente tenga que limpiar también el expediente penal de Begoña Gómez y del fiscal general del Estado. Todo sea por Pedro y el progresismo.