El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón
Errejón recurre la orden judicial de volcar su móvil y culpa a la acusación popular de actuar con fines ajenos a la causa
La defensa del exdiputado de Sumar considera que la medida es desproporcionada y vulnera la privacidad del investigado, solicitando al juez que revoque su decisión
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La defensa del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha presentado un recurso de reforma ante el juez instructor que investiga la presunta agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. En dicho escrito, el equipo jurídico del político solicita la anulación de la decisión judicial que ordena el volcado y análisis de su teléfono móvil, al considerar que esta medida es abusiva y carente de fundamento.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra la resolución del magistrado Adolfo Carretero, quien había admitido la petición de diligencias de prueba solicitada por la acusación popular, representada por la Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada.
En su argumentación, la defensa de Errejón sostiene que la intervención del dispositivo móvil del investigado es desmesurada, ya que implicaría el acceso a conversaciones privadas, archivos personales y documentos sin relación con el caso, vulnerando así su derecho a la intimidad.
Según el escrito presentado, la medida ordenada por el juez carece de motivación suficiente y no se ajusta a los requisitos establecidos en los artículos 588 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se solicita su declaración de nulidad y la emisión de una nueva resolución conforme a derecho. Además, la abogada de Errejón carga contra la acusación popular, a la que acusa de instrumentalizar el proceso judicial con fines ajenos a la protección de las víctimas de delitos penales.
El exportavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón
El caso ha generado un notable interés mediático, dado el perfil público de Errejón y la naturaleza de las acusaciones. Aunque el exdiputado ha defendido su inocencia desde el inicio de la investigación, el procedimiento judicial sigue avanzando y el juez deberá resolver sobre la impugnación de la medida en los próximos días.
Mientras tanto, el debate sobre los límites del acceso a la información digital en procesos penales sigue abierto, con posturas enfrentadas sobre el equilibrio entre la investigación judicial y la protección de la privacidad.
