El PSOE se atasca con la 'ley Begoña' en el Congreso pese a las prisas de Sánchez

Apesar de las prisas de Pedro Sánchez, la ley Begoña se le ha atragantado al PSOE en el Congreso, por más que Patxi López la presentara el 10 de enero, al registrarla, como un mecanismo de defensa contra «quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva». Los socialistas están dilatando la toma en consideración de la iniciativa por parte del Pleno de la Cámara Baja porque, hoy por hoy, Junts votaría en contra y perderían. Así que mejor no tirarse a una piscina sin agua.

La proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, que así fue bautizada, no irá al Pleno de la próxima semana, según confirmaron fuentes del Grupo Parlamentario Socialista a El Debate. Tampoco hay previsión de cuándo lo hará.

Por el contrario, el Pleno debatirá el próximo martes la admisión a trámite de otra proposición de ley del PSOE, una para modificar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, presentada al alimón con Coalición Canarias. Así que no se trata de que el PSOE no tenga cupo en el Pleno, sino de política y de aritmética parlamentaria.

La admisión a trámite es la primera criba que hace el Pleno con las proposiciones de ley de los grupos, antes de que sean derivadas a una comisión. En este caso, la de Justicia. Normalmente, el Pleno les da luz verde y luego ya empieza la negociación entre los grupos, en comisión. Pero, en este caso, el PSOE ha detenido el reloj incluso antes de que empiece a correr para convencer al de siempre: a Carles Puigdemont.

El mismo día en que el PSOE registró la iniciativa, el 10 de enero, Junts anunció que presentaría una enmienda a la totalidad de la misma (que todavía no se ha sustanciado). «El PSOE debe decidir si quiere tirar las paredes maestras o no, si quiere acabar con el cuervo que está instaladísimo en las instituciones del Estado español, o si se quiere quedar en la estética como hasta ahora», señaló su portavoz, Míriam Nogueras. Todos los socios de Sánchez están en admitirla a trámite y después sentarse a hablar. Todos menos Junts. Y ahí está el escollo que los socialistas intentan salvar.

La Mesa del Congreso calificó la proposición de ley en su reunión del 16 de enero, seis días después de que fuera registrada. En este caso no hubo dilaciones, a diferencia de lo ocurrido con la proposición no de ley de Junts instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, que fue calificada a la tercera y después de casi dos meses.

El Grupo Parlamentario Popular presentó una solicitud de reconsideración de esa decisión auspiciada por Francina Armengol. Entre otras cosas, por ser «abiertamente inconstitucional, de escasa calidad técnico-jurídica, precipitadamente redactada a la carta de imputados por diversos y graves delitos concretos pertenecientes al entorno familiar y político del presidente del Gobierno para asegurarse preventivamente su amnistía y garantizarse la impunidad propia y de los suyos, ahora y en el futuro», según los populares. La Mesa estudió ese escrito la semana pasada y lo derivó a la Junta de Portavoces. Pero el PSOE aún no lo ha llevado a este último órgano, previo al Pleno.

Ninguno de los socios de Sánchez, ni siquiera Sumar, ve con buenos ojos cercenar la acusación popular

El escollo de Junts no será el único más adelante. No en vano, ninguno de los aliados de Sánchez, ni siquiera Sumar, ve con buenos ojos su pretensión de cercenar la acusación popular, con el pretexto de «acabar con las filtraciones constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos, y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación, con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial», según Patxi López. Además, se da la paradoja de que los socialistas están personados como acusación popular en varias instrucciones. Entre ellas, la del caso de hidrocarburos, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra Víctor de Aldama; y el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Cinco pájaros de un tiro

La reforma redactada por los socialistas pretende matar cinco pájaros de un tiro: recorta la acusación popular para que el PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír sean expulsados de las causas que afectan a Sánchez y directamente prohíbe que la ejerzan las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, puesto que en el caso de Álvaro García Ortiz está personada la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Impide a los jueces —o lo pretende— admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa. Añade motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse del juez Juan Carlos Peinado. Y, de propina, borra de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, una vieja reivindicación de la ultraizquierda.

Además, incluye una disposición transitoria única para que, en caso de aprobarse, se aplique inmediatamente a los «procesos en curso». Es decir, al caso Begoña, al de José Luis Ábalos, al del fiscal general del Estado y al del hermano de Sánchez. «Esto es un disparate, porque el Derecho Procesal jamás tiene efecto retroactivo», señaló el lunes en el Congreso el exmagistrado del Constitucional Jorge Rodríguez-Zapata, durante una jornada en defensa del Estado de derecho organizada por el PP.