El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, en imagen de archivo
Tribunales
El decano de la Abogacía declara contra García Ortiz que espera la inminente decisión del Supremo sobre el registro de su despacho
La Sala de Apelaciones de lo Penal del Alto Tribunal se prepara para notificar, en las próximas horas, el resultado del recurso del fiscal general que pide anular la visita de la UCO al Ministerio Público
Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), fue uno de los más juristas más críticos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse las presuntas maniobras orquestadas en el seno de la Fiscalía que llevaron a divulgar datos personales de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tal es así que el Consejo de Gobierno del ICAM, tomó la decisión de presentar una denuncia por un presunto delito de revelación de secretos que ha terminado con la imputación de García Ortiz en el Supremo, donde la entidad actúa, además, como acusación popular.
En el marco de la causa, que instruye el juez Ángel Hurtado, Ribón declarará este viernes a las 10.30 horas como testigo. En primer lugar porque de la supuesta actuación delictiva de varios de los miembros del Ministerio Público en el asunto de González Amador, «pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva por los hechos objeto de investigación, así como derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa», la Abogacía, para el que el secreto profesional es una piedra angular del día a día.
De poco o nada sirvió para apaciguar el malestar que la filtración sobre el novio de Ayuso causó en el ICAM el intento del fiscal general por "calmar las aguas como consta en la transcripción literal de la declaración del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, incluida en el sumario, a la que tuvo acceso El Debate.
Horas antes, el Decanato de la Abogacía madrileña había emitido un durísimo comunicado, al respecto de la nota de prensa suscrita por la Fiscalía Provincial de Madrid, tachando «de extrema gravedad la revelación (...) de datos concretos de unas diligencias de investigación», contenidos en la misma. Un hecho sin precedentes que, a juicio de ICAM, constituía una vulneración de los «principios básicos de sigilo, confianza y buena fe» y ponía en riesgo la «neutralidad» del Ministerio Público, como garante de la legalidad.
De acuerdo con las pesquisas, fue en esa reunión donde la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, actualmente coimputada con García Ortiz y Villafañe, asumió la responsabilidad de la nota de prensa del 14 de marzo, a pesar de que internamente mostró su enfado por el hecho de que hubiera salido con el membrete de la Fiscalía Provincial, cuando se gestó en la General. Posteriormente, García Ortiz la absorbió en nombre propio y como «responsable último» de la misma.
El intento del fiscal por anular la causa
La declaración de Ribón tendrá lugar después de que hayan comparecido en el Alto Tribunal los tres imputados y varios de los testigos citados por el juez para poner luz sobre el hilo temporal en el que se produjeron los hechos.
Entre ellos, el fiscal de delitos económicos de Madrid que investigaba a González Amador, Julián Salto; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato y todos los periodistas que, de uno u otro modo, se hicieron eco de la información relacionada con González Amador antes de que la misma quedase recogida en el comunicado de la Fiscalía de Madrid.
Al mismo tiempo en el que Ribón estará prestando testimonio en el Supremo, según ha podido saber El Debate, la Sala de Apelaciones de lo Penal del Alto Tribunal decidirá, en una última sesión tras varias jornadas deliberando, sobre el recurso presentado por García Ortiz contra la entrada y registro de su despacho en la Fiscalía, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autorizada por el juez Hurtado.
El fiscal general sostiene que dicha actuación vulneró sus derechos fundamentales y, desde entonces, tanto a través de la Abogacía del Estado como de su número dos, Ángeles Sánchez Conde, que representa al Ministerio Público en la causa, ha tratado de anularla. De hecho, la número dos de la Fiscalía, en línea con la estrategia procesal de su superior jerárquico, se negaba a formular preguntas a ninguno de los fiscales imputados, al asegurar que el mismo no debía avanzar mientras no se conociese el sentido de la resolución de la impugnación. Entre otras cuestiones porque, a juicio de García Ortiz, la diligencia en particular y la causa en general, «no lleva al descubrimiento de la verdad».
