El decano de la Abogacía confirma que fue el propio García Ortiz quien le citó para reunirse tras la filtración sobre el novio de Ayuso

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha declarado como testigo, este viernes en el Tribunal Supremo (TS) en la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante algo más de dos horas. Una comparecencia que, según ha podido saber El Debate, se ha alargad especialmente por las preguntas de los letrados del Estado que defienden a García Ortiz.

El grueso del interrogatorio se ha dirigido, entorno a dos líneas fundamentales: la primera, la legalidad vigente y la normativa de aplicación en cuanto al deber de confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales, en el marco de los pactos de conformidad.; la segunda, sobre los hechos que afectaron al papel de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, quien le llamó el día 14 de marzo del pasado año al hilo de la nota de prensa emitida bajo su paraguas, con datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, así como la reunión institucional mantenida el día 15 con la cúpula fiscal para «calmar las aguas».

En este último sentido, Ribón ha confirmado que fue el propio García Ortiz quien le citó para el encuentro que, aunque inicialmente se planteó casi como «un vis a vis» entre ambos y la decana de la Abogacía Española, Victoria Diego Villafañez y dos interlocutores más de cuya identidad no ha podido dar cuenta, al no recordarlo-.

De hecho, según consta en el sumario de la causa y tal y como afloraba Villafañez, mano derecha de García Ortiz dentro del denominado como 'equipo de Fortuny', durante su declaración, a la que tenía acceso EL Debate, ese encuentro fracasó en su intento por «reconducir» la situación después de que el ICAM emitiera un comunicado tachando «de extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de unas diligencias de investigación», al entender que constituía una vulneración de los «principios básicos de sigilo, confianza y buena fe» y ponía en riesgo la «neutralidad» del Ministerio Fiscal.

Ribón, que estaba citado a las 10:30 horas y ha llegado minutos antes, ha recordado que el ICAM se personó como acusación popular al entender que se había podido vulnerar «uno de los principios esenciales sobre los que se construía el derecho de defensa, que es el principio de confidencialidad y el secreto profesional».

«El Colegio seguirá defendiendo el secreto profesional, que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano (...) tenga la absoluta confianza de que las palabras que mantiene o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto», comentaba en declaraciones a la prensa.