El PSOE y Junts pactan la cesión de las competencias migratorias a Cataluña

PSOE y Junts han pactado una nueva ley de inmigración por la que se cederá a Cataluña las competencias en materia de inmigración, tal y como acordaron los partidos hace más de un año –en enero de 2024– después de que la formación separatista aportase sus votos para aprobar un decreto anticrisis.

Esta nueva cesión, que numerosos expertos consideran manifiestamente inconstitucional, llega solo unos días después de la quita de parte de la deuda catalana (algo más de 17.000 millones de euros). Esta quita afecta al 22 % de la deuda que Cataluña había contraído con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un porcentaje superior al previsto inicialmente, y que era del 20 %.

Mientras Sánchez se resiste a presentar unos Presupuestos Generales del Estado, tal y como ordena la Constitución, el PSOE corre para ganarse el favor de los partidos separatistas catalanes y apuntalar así su precaria mayoría.

Mediador salvadoreño

Las negociaciones entre ambos partidos se habían encarrilado después de la intervención del mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo, que había pedido a Junts que retirara la proposición no de ley para la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, y así evitar la ruptura entre las dos formaciones. Los de Carles Puigdemont aseguraron entonces que se trataba de «un último esfuerzo» que ahora se traduce en ese traspaso de competencias, que se va a anunciar de forma «inminente».

Se tenía que haber llegado a un acuerdo sobre esta cuestión antes de que acabara el 2024, pero tres eran los escollos fundamentales, sobre todo por el papel que tenían que jugar los Mossos en el control de fronteras.

Los Mossos, principal escollo

Desde Junts pedían un «traspaso integral», de tal modo que la policía autonómica asumiera esa función de forma exclusiva, pero los socialistas apuntaban a que una decisión de este tipo contravenía no solo la Constitución, sino también la normativa europea. Y de ahí que se pueda basar en el modelo de Baviera, es decir, un modelo compartido en el que los Mossos estén presentes en la frontera junto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Lo cierto es que en las últimas semanas se han ido sucediendo decisiones que afectaban a los Mossos d'Esquadra. Primero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciaba que había pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la plantilla de los Mossos pudiera llegar hasta los 25.000 agentes con el objetivo, a medio plazo, de asumir más competencias. Y en la última reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat ya se ha dado un paso más en esta dirección. De hecho, está previsto que a partir de septiembre la policía autonómica asuma el control de puertos y aeropuertos.

Otro de los asuntos que ha traído de cabeza es la expedición del NIE, del número de identificación para extranjeros, es decir, en qué administración debe recaer su tramitación; así como los procesos de expulsión. Aquí Junts también ha pedido por activa y por pasiva que sea la Generalitat la que decida, en exclusiva, sobre esta cuestión.

El traspaso de la inmigración lleva ya más de un año encima de la mesa. Fue en enero de 2024, cuando Junts permitió que prosperara el decreto anticrisis del Gobierno a cambio de la delegación de esas competencias. Y algo más de 12 meses después, llega ese acuerdo. El Gobierno ha sabido repartir protagonismos. Hace solo unos días fue ERC, que se apuntó el tanto de la condonación de algo más de 17.000 millones de deuda del FLA, y ahora le toca el turno a Junts.

Los de Puigdemont habían hecho bandera de este traspaso, del control de la inmigración, porque sienten la presión de Aliança Catalana muy cerca. Esta formación tiene un duro discurso antiinmigración y defiende, sin ambages, que se pueda expulsar a los inmigrantes ilegales. Algunos alcaldes de Junts, en paralelo, también han hecho demandas parecidas para evitar que Aliança les 'coma la tostada'. Hay que tener en cuenta, según la última encuesta del CEO, el Centro de estudios de Opinión, que hasta un 5 % del electorado de Junts optaría ahora por el partido que dirige la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.