Sánchez entrega la seguridad nacional al jefe de los sediciosos: «Es una traición»

Lo llaman «delegación de competencias» solamente para sortear el artículo 149 de la Constitución, que asigna al Estado las «competencias exclusivas» en materia de «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». Pero, a los efectos, lo que han pactado el PSOE y Junts es una cesión sin marcha atrás. No la tendrá mientras gobierna el PSC, por la cuenta que les trae a Salvador Illa y Pedro Sánchez, y menos aún cuando los de Carles Puigdemont vuelvan a la Generalitat de Cataluña.

El acuerdo es mucho más que una concesión política, otra más. Supone poner en jaque la seguridad nacional mercadeando con la extranjería. Una materia extremadamente sensible que requiere una gestión centralizada, dado que está muy vinculada con el terrorismo transnacional. Cataluña es, hoy por hoy, la comunidad autónoma con el problema más grave de terrorismo yihadista (la que sufrió los atentados de Las Ramblas y Cambrils), y las labores de inteligencias respecto a los extranjeros radicalizados son de vital importancia.

Los sindicatos de Policía y las asociaciones de la Guardia Civil no han tardado en dar la voz de alarma. «Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», según Jupol, que en un comunicado ha advertido de que ésta es una maniobra para «erradicar» a ambos cuerpos de Cataluña. La AUGC, por su parte, ha anunciado que estudiará medidas legales ante esta «traición» y «desmantelamiento del Estado».

El control de las fronteras

De entre todos los puntos pactados entre los socialistas y los responsables del procés sedicioso de 2017, el que más preocupa y escandaliza a los sindicatos policiales y a las asociaciones de la Guardia Civil es éste: «Los Mossos de Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional)».

Cataluña es una de las principales puertas de acceso a España. Por aire, a través del aeropuerto del Prat. Por mar, a través del Puerto de Barcelona. Y por tierra, a través de los pasos fronterizos con Francia, sobre todo el de la Junquera. «Ya es complicado con la coexistencia entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, no digamos también con los Mossos», vaticina un agente experto en Extranjería. «Traerá problemas de comunicación, solapamiento de funciones, no habrá una fluidez en las informaciones ni inmediatez en las mismas. Y aquí los minutos son oro. Hablamos de individuos que, cuando pasan la frontera, están ‘localizables’ durante muy poco tiempo», continúa. «Además, es de prever que pidan acceso pleno a nuestras bases de datos en materia de Extranjería», anticipa.

El pacto confiere a Cataluña la gestión íntegra de los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Asimismo se ocupará de las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada y primará su criterio en las expulsiones que requieran una orden (por incumplimiento de la Ley de Extranjería). También de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Además, las autoridades catalanas expedirán el documento de identidad para los extranjeros. «¿Van a utilizar la inmigración como arma de presión política, como Marruecos, abriendo y cerrando el grifo?», se pregunta este agente.

Todo ello, con una proposición de ley orgánica de los grupos parlamentario del PSOE y de Junts, en lugar de un proyecto de ley elevado al Consejo de Ministros por el Ministerio del Interior -competente en la materia-, que hubiera tenido que recabar los informes de varios órganos consultivos del Estado. Y, por lo tanto, tal vez leer advertencias sobre la dudosa constitucionalidad de esta «delegación de competencias». O transferencia encubierta.

El acuerdo por el decreto ómnibus primero, la retirada por parte de Junts de la proposición no de ley instando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza en medio, y este pacto migratorio después, han devuelto la paz a la relación entre el PSOE y Puigdemont. Hasta la próxima crisis. De momento, el fugado exhibe orgulloso esta nueva claudicación del presidente, «un pelele absoluto del separatismo», en palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.