Una educadora social y una vigilante de seguridad atienden a El Debate
Educadoras y vigilantes denuncian su abandono tras el crimen de Badajoz: «Somos sacos de boxeo»
El debate se ha trasladado al lugar donde dos menores bajo tutela por orden judicial han asesinado a una educadora social de 35 años en Badajoz
«¿Qué no habrá pasado aquí esta niña sin una protección con cuatro delincuentes? Porque para matar, les sale muy barato». Con este desgarro busca una explicación María José, una vigilante de seguridad que ha trabajado con menores en el centro Marcelo Nessi, el único centro para menores en internamiento que existe en Extremadura.
El resto de centros son pisos tutelados, como el de la calle Castillo de Benquerencia en el que el domingo fue asesinada Belén Cortés, una joven de 35 años que trabajaba para reeducar a menores de edad que habían cometido algún tipo de delito.
«Si mi función es proteger a los educadores sociales, incluso a los internos, ¿quién ha protegido a Belén? Estaba aquí sola con cuatro chavales de 14 a 17 años, sin un vigilante, sin un pulsador antipánico», se lamenta María José.
Porque Belén se encontraba sola con cuatro menores. Dormía sola con ellos. Incluso había denunciado a uno de ellos. Y dos se habían escapado el día 1 de marzo. Y cuando fueron localizados, siete días después, volvieron al mismo piso tutelado con Belén.
Alicia, amiga de Belén, asegura que «la dejaron sola»
«Hay muchos centros abiertos en los que hay solo una educadora, a lo máximo dos. Y te ves desprotegida con unos chicos que han cometido delitos, que tienen circunstancias complicadas, que nuestra labor es ayudarles e intentar sacar lo mejor de ellos, sí, pero a veces, esa circunstancia con los recursos que tenemos se nos quedan cortas», se lamenta Pilar, una educadora social del centro Marcelo Nessi.
Por eso no se entiende que, pese a haberse escapado del piso, regresaran al mismo lugar en el que habían incumplido las normas. «Lo que tiene es que han cometido un delito. Ha habido una valoración previa, un estudio de sus circunstancias y entiendo que se ha valorado este recurso para ellos», explica Pilar acogiéndose expresamente a la normativa.
Normativa que, evidentemente, ha fallado. Por este motivo, Pilar indica que «es algo generalizado en nuestro colectivo que estamos muy quemados, no solo nosotros. No nos sentimos respaldados en nuestra labor. No tenemos una protección para poder desempeñar nuestra labor».
¿Cómo lo solucionamos?
Pilar señala que «se nos debería considerar como autoridad pública. Porque nosotros tenemos que imponer nuestra autoridad también, tenemos que imponer límites. Y sin ese reconocimiento y ese amparo judicial es muy difícil llevar nuestra labor a cabo».
Para María José la solución es clara: «Ley del menor, más protección en el ámbito social a los trabajadores que trabajan con menores conflictivos».
