La Asociación de Fiscales tacha de «burla» que el imputado García Ortiz nombre al fiscal de delitos contra la Administración

«Es inevitable preguntarse si un investigado puede decidir quién va a ser la persona» encargada de «fijar criterios» jurídicos «sobre el delito por el que se le investiga», denuncia un durísimo comunicado remitido, este jueves, por la Comisión Ejecutiva de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF).

«Nos negamos a creer que el fiscal general del Estado no sea consciente de esta paradójica situación, que roza el sarcasmo, cuando no el escarnio a la propia Carrera y a la sociedad a la que nos debemos. No debe seguir en el cargo ni un minuto más», exigen desde la AF.

La entidad profesional, que aglutina a más de seiscientos cincuenta fiscales, se ha hecho eco de las intenciones de Álvaro García Ortiz –continuamente cuestionado, desde su llegada al cargo, entre otros motivos, por su política de nombramientos– para designar, en este mes, al fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública cuya vacante ha sido publicada por el Ministerio de Justicia, como parte de la provisión de diversas plazas en la Carrera Fiscal.

Una «figura innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias otros órganos del Ministerio Fiscal», en especial, teniendo en cuenta dada la situación de García Ortiz que se encuentra imputado en el Tribunal Supremo por su presunta responsabilidad en un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La AF califica esta situación de «intolerable a nuestra Institución y a la sociedad en su conjunto en un tiempo en el que es pública» la instrucción judicial del Alto Tribunal a los «diversos procedimientos» que cercan tanto al máximo titular de la misma, como «al entorno del propio Gobierno».

«En la actual situación jurídico procesal del Fiscal General del Estado, y dejando claro -como lo hemos hecho siempre- nuestro máximo respeto a su derecho a la presunción de inocencia, resulta sencillamente inconcebible que se vaya a cubrir esta plaza en este momento», lamentan la mayoría de los fiscales.

Y añaden: «No es de recibo que el fiscal general del Estado vaya a decidir el nombramiento de la persona que habrá de ocuparse de unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal sobre unos delitos como, por ejemplo, la violación de secretos, por el que el propio Fiscal General del Estado está siendo investigado».