Fundado en 1910
La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025Europa Press

 El Supremo reclama a dos empresas públicas información sobre los contratos y viajes de la expareja de Ábalos

El exministro José Luis Ábalos y Koldo García se habían opuesto por considerar que se trataría de una investigación prospectiva, aspecto que el juez rechaza

El magistrado Leopoldo Puente ha solicitado a las empresas públicas Ineco y Tragsatec todos los detalles sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, y al Ministerio de Transportes que informe sobre los pagos de los viajes oficiales en los que ella le pudo acompañar.

Estas diligencias habían sido solicitadas por las acusaciones populares; los investigados José Luis Ábalos y Koldo García se habían opuesto a su práctica por considerar que se trataría de una investigación prospectiva.

Leopoldo Puente, que instruye la causa por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario en el ministerio de Transportes durante la pandemia, ha dictado un auto en el que acuerda la práctica de una serie de diligencias para investigar los contratos profesionales concertados entre Jessica Rodríguez con las empresas públicas INECO y TRAGSATEC, así como los viajes oficiales en los que la testigo pudo acompañar al entonces ministro.

En concreto, según ha jnformado el Supremo en un comunicado, el instructor de esta causa se dirige a INECO y a TRAGSATEC para que en el plazo máximo de 15 días le remitan información y documentación sobre el modo en que fue publicada la vacante, que fue después cubierta por Jessica Rodríguez García (con expresión de la fecha y el canal de publicación de la oferta de trabajo), «habida cuenta de que ésta señaló que fue una tercera persona quien se dirigió a ella para que presentara en una determinada página web su currículum».

También quiere saber el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza, aunque precisa que, de momento, no es necesario que se concrete el perfil profesional de los candidatos concurrentes.

El magistrado requiere a estas empresas públicas que relaten en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con Jessica Rodríguez. En caso de que la hubiera habido, añade el magistrado, «deberá precisarse por la empresa quien fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a doña Jessica».

Igualmente, solicita el contrato de trabajo finalmente suscrito con Jessica Rodríguez, precisándose la fecha de incorporación y cese en la empresa. A su vez, demanda información a estas empresas para que expliquen «en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a doña Jessica Rodríguez y quién era la persona que le encargaba los concretos trabajos a desarrollar y a la que de forma directa rindiera cuenta».

Por último, el magistrado requiere a INECO para que aporte la documentación interna recabada sobre esta contratación y que la compañía se comprometió a enviar en un escrito dirigido a la Fiscalía.

En su auto, afirma que, en este momento, no se advierten razones para interesar estos mismos elementos con respecto al contrato que INECO pudiera haber suscrito con Joseba García, como habían solicitado las acusaciones populares, «sin perjuicio de que, tal y como observa el Ministerio Público, en atención a los resultados de la investigación seguida en esta causa especial, pudiera o no resultar procedente hacerlo en el futuro».

El instructor señala que resulta relevante para el adecuado progreso de la causa determinar una buena parte de los extremos interesados por las acusaciones populares y que la empresa INECO, a través de su secretaria General, se ha ofrecido también a esclarecer.

Además, indica que, “en modo alguno puede sostenerse, frente a lo aducido por la defensa del investigado don Koldo García, extremo sobre el que percute también la defensa del Sr. Ábalos Meco, que se trate de unas diligencias de naturaleza prospectiva ni que excedan el objeto de la presente causa especial, en la medida en que se refieren a contratos celebrados con la Administración pública y aparecen vinculados, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal, a varios de los investigados.

Añade que, por otro lado, «tampoco alcanza a comprenderse la oposición de las defensas de los Sres. García y Ábalos a que dichas diligencias sean practicadas sobre la base de que la relación laboral efectiva, que tan rotundamente fue negada por la testigo, aparezca ya en la causa suficientemente justificada».

Jessica «no hizo nada»

En su auto, el magistrado recuerda que Jessica Rodríguez en su declaración judicial señaló gráficamente que «no hizo nada» durante los aproximadamente dos años de relación laboral en INECO y que tampoco tuvo actividad profesional alguna durante los seis meses que duró su contrato con TRAGSATEC.

Las acusaciones populares también habían solicitado que se requiriese información sobre los gastos generados por todos los viajes oficiales realizados por José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y por Koldo García. Para el instructor, esta petición es excesiva y «no se advierte motivo bastante para sujetar a una suerte de auditoría global, --y aquí sí han de acogerse las argumentaciones de las defensas de don Koldo García y de don José Luis Ábalos—(…)».

Sin embargo, sí considera pertinente, «interesar que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible certifique el número de viajes oficiales realizados por el Sr. Ábalos Meco, durante su completa etapa como titular del Ministerio, en los que constara pudo haberle acompañado doña Jessica Rodríguez García. Igualmente, deberá expresarse, si hubiera constancia de ello, qué persona, personas o entidad pudieran haber satisfecho los gastos generados como consecuencia de la presencia en dichos viajes de la referida doña Jessica».

Por ello, el instructor se dirige al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que, por quien administrativamente corresponda, certifique en un plazo máximo de 15 días la información reclamada.

Por otra parte, el magistrado ha citado como testigos para el día 2 de abril a Aranzazu Granell y a Javier Serrano.