El desguace del Estado por las cesiones de Sánchez al independentismo

Pedro Sánchez se pliega constantemente a sus socios separatistas –que configuran el conocido como Gobierno ‘Frankenstein’– para sacar adelante votaciones en el Congreso y con el objetivo de poder continuar en la Moncloa. De esta manera, desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2018, el líder del PSOE ya ha materializado una suerte de desguace del Estado que cada mes se amplía aún más.

Ramiro Fernández-Chillón

El 18 de marzo el Gobierno anunció un pacto con Junts para modificar la Ley de Extranjería y decidir el reparto de alrededor de 4.400 menores inmigrantes extranjeros no acompañados (menas) que se encuentran en las Islas Canarias. La formación presidida por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont consiguió que Cataluña tan solo vaya a hospedar poco más de una veintena de estos inmigrantes, mientras que la región que lidera Isabel Díaz Ayuso recibirá 800, aunque los números no son definitivos ya que el Decreto-Ley que aprobó el Consejo de Ministros concede a las comunidades autónomas un plazo que concluye el 31 de marzo para que informen sobre su capacidad de recepción.

Según cálculos provisionales confirmados a Ep por fuentes gubernamentales, las regiones que más menas tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y la Comunidad Valenciana (478). A su vez, Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos menores acojan debido al «esfuerzo previo» que han realizado.

Por su parte, los cómputos actuales determinan que Galicia deberá recibir a 326 menores inmigrantes; Castilla y León a 309; Castilla-La Mancha a 291; Murcia a 190; Aragón a 186; Cantabria a 170; Extremadura a 169; Navarra a 164; La Rioja a 154 y Asturias a 151.

En febrero el Ejecutivo anunció un acuerdo con ERC para perdonar a Cataluña más de 17.000 millones de su deuda; medida que Sánchez se comprometió a otorgar a los de Oriol Junqueras en noviembre de 2023 para que el partido independentista de izquierdas apoyara su investidura.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno supone una quita general a todas las regiones que se encuentran dentro del régimen general. Cataluña, con 88.917 millones de euros, es la comunidad autónoma más endeudada, seguida de la Comunidad Valenciana (59.498 millones), Andalucía (39.843 millones) y Madrid (36.915 millones). No obstante, la mayoría de la deuda que tienen las tres primeras es con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) –una línea de crédito puesta en marcha por el Ejecutivo central en 2012– mientras que más del 55 % de la deuda de la comunidad que encabeza Ayuso se encuentra en valores representativos de deuda; esto eso, obligaciones, bonos y otros valores su rendimiento en función de índices.

Así las cosas, la propuesta de la ministra de Hacienda es que se quiten a las comunidades un total de 83.000 millones de euros: de los que 18.791 millones corresponden a Andalucía, 17.104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana, 8.644 millones a Madrid, 4.927 millones a Castilla-La Mancha, 4.010 millones a Galicia, 3.643 a Castilla y León, 3.318 millones a Murcia, 3.259 millones a Canarias, 2.124 millones a Aragón, 1.741 millones a Baleares, 1.718 millones a Extremadura, 1.508 millones a Asturias, 809 millones a Cantabria y 448 millones a La Rioja.

Además, el verano del año pasado el PSOE estipuló otorgar un cupo catalán para que Salvador Illa fuese elegido presidente catalán. En clave económica, el acuerdo suscrito entre los socialistas y ERC para la investidura de Illa afirma que «la hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña».

El miércoles 26 de marzo El Debate publicó en exclusiva que el Gobierno tiene la intención de conceder a Cataluña las becas educativas, según un proyecto de Decreto al que ha tenido acceso este periódico. La norma especifica que «se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cataluña» la «regulación, convocatoria y gestión de las becas y ayudas al estudio», la «designación de los órganos y de las comisiones de selección y sus normas de funcionamiento», y el «control, verificación e inspección del sistema de becas en su ámbito competencial».

Anteproyecto by El Debate

Además, se le otorga al Ejecutivo de Salvador Illa la capacidad de decidir todos los requisitos para poder optar a las ayudas al estudio, lo que implica que pueda exigir un nivel mínimo de catalán.

Este mes el PSOE y Junts también han acordado transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, lo que permitirá a la Generalidad realizar expulsiones y gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A pesar de que diferentes miembros del Gobierno habían afirmado con rotundidad y en varias ocasiones que las fronteras son una competencia exclusiva del Estado, el pacto –registrado como una proposición de ley en el Congreso– establece que los Mossos d’Esquadra colaborarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la gestión de la seguridad en los puertos y aeropuertos de España.

«Con esta Ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español», señala el documento suscrito por los socialistas y los de Puigdemont.

Pocos días antes de que Sánchez fuera reelegido presidente del Gobierno –en noviembre de 2023– Junts y el PSOE llegaron a un acuerdo que contemplaba la aprobación de una ley de amnistía «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Tras extensas negociaciones, la norma fue aprobada el 30 de mayo del año pasado en el Congreso con 177 votos a favor, aunque ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Además, para obtener el apoyo del partido presidido por el huido de la Justicia española, Sánchez aceptó negociar con un mediador internacional «para dotar al proceso de certidumbre». Esta figura ha implicado que los socialistas se desplacen en diversas ocasiones hasta Suiza para reunirse con la cúpula de Junts, bajo el control del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez.

La comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) –que permitió la comparecencia de un terrorista en la Cámara Baja en febrero–, junto con la comisión sobre la denominada Operación Cataluña, y una tercera acerca del espionaje a independentistas mediante el programa Pegasus, fueron acordadas por el PSOE con ERC y Junts en agosto de 2023, a cambio del apoyo de estos dos grupos a la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso.

En dichos pactos, Sánchez cedió al separatismo y modificó el Reglamento de la Cámara para permitir el uso del catalán, el vascuence y el gallego en el Congreso, además de comprometerse a que estos idiomas sean reconocidos como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo.

Igualmente, a finales de 2024, Illa anunció, presionado por los partidos separatistas, que los Mossos d'Esquadra asumirán las competencias de puertos y aeropuertos a través de una Junta de Seguridad en el Parlamento autonómico. El líder del Gobierno regional justificó esta medida como una forma de dar «continuidad al trabajo» realizado por su predecesor, Pere Aragonès, quien dejó este acuerdo «solo pendiente de ratificación».

En 2021, tres años después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, el Gobierno delegó la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo, al mismo tiempo, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles de la región. Cuando el líder del PSOE accedió al Ejecutivo había 261 miembros de ETA en prisión, de los cuales solo tres se encontraban en centros penitenciarios vascos. Actualmente todos están en cárceles de esta comunidad autónoma o de Navarra, con la excepción de 12 reclusos.

El pasado verano, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, transfirió a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, las competencias para gestionar los puertos y aeropuertos, una medida que los sindicatos de la Guardia Civil han calificado como un «desmembramiento» del Instituto Armado.

Asimismo, en este contexto también se enmarca la aprobación, en la pasada legislatura, de la denominada ley de Memoria Democrática, una normativa con la que el Gobierno, dando un paso más allá de la ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha intentado reescribir parte de la historia de España en colaboración con los de Arnaldo Otegi.

El PSOE respaldó en Pamplona –después del ‘sí’ de Bildu a Sánchez para que siguiera en la Moncloa– la moción de censura que presentó la formación que encabeza Arnaldo Otegi para arrebatar la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro (UPN,) solo seis meses después de que Cristina Ibarrola asumiera el cargo.

Tras la entrega de la Alcaldía de Pamplona a Bildu –formación que el Gobierno califica como «partido democrático progresista»–, el pasado mes de diciembre el BOE publicó la transferencia de las competencias de Tráfico a la región foral, lo que supuso la eliminación de la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de dicha región.

La normativa establece en su preámbulo que el objetivo es «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral».

El Consejo de Ministros sacó adelante a principios de este año un nuevo decreto-ley ómnibus –que el PP renombró como «minibús»– que, entre otros aspectos, incluye la cesión por parte del Gobierno al PNV de un palacete en París, un inmueble valorado en aproximadamente 15 millones de euros.

Por otro lado, en 2022, el Gobierno de Sánchez cedió nuevamente ante el PNV al permitir la oficialidad de las selecciones vascas de pelota vasca y surf. El 28 de diciembre pasado, la Federación Internacional de Pelota Vasca ratificó la incorporación de la Federación Vasca como miembro, con derecho a participar en competiciones oficiales. Esto abre la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento internacional entre España y una de sus comunidades autónomas.