El PP cambia su ley de Conciliación para evitar el veto del Gobierno y la registra en el Senado

En octubre del año pasado el PP registró en el Congreso su Proposición de Ley de Conciliación, en la que se recoge –entre otros aspectos– establecer la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en toda España o mejorar el tratamiento fiscal de las familias. Sin embargo, un mes después el Gobierno de Pedro Sánchez vetó el documento parlamentario esgrimiendo que su aprobación supondría un coste anual de 1.385,39 millones de euros.

El artículo 134 de la Constitución señala que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», y, en consecuencia, el Ejecutivo puede vetar las normas que invadan sus competencias a la hora de confeccionar las cuentas públicas.

Así las cosas, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha registrado su proposición de ley de Conciliación en el Senado –tal y como se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 27 de marzo– y la ha modificado ligeramente para evitar que el Gobierno pueda impugnarla.

La antigua redacción de los 'populares' indicaba en la disposición final sexta que «la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado», mientras que ahora este precepto expresa que «la presente ley entrará en vigor en el próximo ejercicio presupuestario».

Igualmente, fuentes parlamentarias han relatado a El Debate que, en el caso de que el Ejecutivo quisiera vetar la normativa, como el PP tiene mayoría en la Mesa de la Cámara Alta podrían levantar dicho veto. Además, los 'populares' en el Senado, cuya portavoz es Alicia García, quieren forzar al resto de los partidos con representación a que se posicionen acerca de su propuesta de Conciliación.

De hecho, García destacó el 20 de marzo en un acto que la norma es «pionera y ambiciosa en materia de conciliación y tendría un impacto real en más de 7 millones de hogares con hijos menores de 25 años». Además, criticó que Sánchez haya decidido «vetarla por suponer un coste de casi 1.400 millones de euros, cuando sí tiene 2.000 millones de euros para controlar Telefónica».

«Hay que preservar los derechos consolidados de las familias numerosas y dotar de un marco legal de protección a las familias monoparentales, que en más del 80 % están encabezadas por una mujer», agregó.