Los Presupuestos se convierten en el nudo gordiano de la legislatura imposible

Pedro Sánchez encara el último trimestre del curso sin Presupuestos ni visos de tenerlos, preso de su compromiso de aumentar el gasto en Defensa para cumplir con la OTAN y la UE y con unos socios cada vez más crecidos ante un Gobierno cada vez más menguado: la mayoría de investidura ya no existe y Podemos, Junts y ERC han decidido apretarle las tuercas.

El Ejecutivo todavía no ha hecho oficial que renuncia a presentar siquiera -como es su deber constitucional- las cuentas públicas de 2025 para centrarse en las de 2026, después de muchos meses de excusas y de darse prórrogas. Pero lo malo para el presidente y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que existen las mismas certezas de que podrá aprobar los Presupuestos de 2026 que las que había con los de 2025: ninguna. Lo que abocaría a España a la tercera prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023, aprobadas en otra legislatura y por otro Parlamento.

El portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, aprovechó el Lunes de Pascua para volver a amenazar a Sánchez con votar ‘no’ a unas cuentas públicas que recojan un incremento del gasto militar, ya sean las de 2025 o las de 2026. «El único socio del Gobierno para aprobar unos Presupuestos de guerra sería el PP», añadió Fernández.

La formación de Ione Belarra, que tiene cuatro diputados, ha hecho de su oposición al aumento del presupuesto en Defensa casus belli contra el Gobierno de coalición, amén de una forma de diferenciarse de Sumar. «Nos van a tener enfrente protegiendo a la ciudadanía ante esta infame gran coalición de guerra que nos imponen Trump y la OTAN», señaló Belarra.

El de Podemos es un voto tan necesario para Sánchez como el de Bildu, el PNV o ERC, pero de menor fiabilidad. Para aprobar unos Presupuestos, el Ejecutivo necesita aprobar por mayoría simple en el Congreso cada una de las secciones, correspondientes a cada uno de los ministerios. El del Ministerio de Defensa ya les dio muchos problemas en 2023, hasta el punto de que el PP decidió votar a favor de esa sección para que su aprobación -en el contexto de la guerra de Ucrania- no dependiera de Bildu o Esquerra. Pero, en esta ocasión, el Gobierno ni se plantea correr el riesgo de llevar a la Cámara Baja unos Presupuestos que no tengan los apoyos de sus socios asegurados de antemano, que es tanto como pedir prácticamente un imposible.

ERC también se planta

Si Podemos se ha plantado en jarras, ERC tampoco está en un momento de vino y rosas con Sánchez. Su líder, Oriol Junqueras, ya advirtió al presidente a finales de marzo de que, si no cumple sus acuerdos, no solo no tendrá Presupuestos de 2025, «sino que no tendrá ninguna opción de tenerlos en 2026». Esquerra quiere que el Ejecutivo materialice la condonación de 17.104 millones de deuda a Cataluña cuanto antes. También, que Salvador Illa presente antes de que acabe junio el «sistema de financiación singular que avance hacia la plena autonomía fiscal» que prometió a ERC a cambio del apoyo para su investidura. Un compromiso para el que necesita el concurso del Gobierno central. En este sentido, en lo que sí ha avanzado Sánchez es en la cesión a Cataluña del 100 % de los tributos que recauda, con el fin último de que la comunidad tenga una Hacienda propia. La prueba piloto será el impuesto de matriculación, después vendrán el IRPF y el resto.

Esquerra también quiere ver avances en el traspaso total de Rodalies a la Generalitat (los trenes de cercanías en Cataluña), y los 25,5 millones de euros para su financiación comprometidos por el Ministerio de Transportes. Además espera el despliegue de 25.000 agentes de los Mossos d’Esquadra hasta 2030 y la creación de 60 nuevas unidades judiciales en tres años.

En el caso de Junts, sus reivindicaciones son de sobra conocidas en la Moncloa. La primera y más importante es la aplicación de la amnistía para Carles Puigdemont, que el Ejecutivo espera tener resuelta en el Tribunal Constitucional antes del verano. El plazo lo dio hace dos semanas su presidente, Cándido Conde-Pumpido.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó al Gobierno el pasado viernes de que tiene dos meses para avanzar en sus compromisos. «No puede haber más excusas. Queremos resultados», sostuvo. «Están en números rojos y la situación, lejos de mejorar, sigue estancada de momento», añadió.

Para los de Puigdemont, la segunda prioridad pasa por la delegación de las competencias en materia de extranjería e inmigración a Cataluña, que cerraron con el Gobierno en marzo y registraron en el Congreso como proposición de ley conjunta. Un acuerdo que Junts quiere utilizar (cuando vuelva a gobernar en Cataluña) para vincular la concesión de permisos de residencia al grado de conocimiento del catalán. El problema es que este pacto no cuenta con el apoyo de Podemos, y sin sus votos no puede ser aprobado por las Cortes.

También interesa mucho a Junts la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea, para lo que el Gobierno necesita el voto favorable de los otros 26 estados miembro. El consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se mostró ayer «moderadamente optimista», aunque no dio fechas. No las puede dar porque saben el PSC y el PSOE que es una quimera que los Veintisiete accedan a algo así.

Entretanto, continúa el pedaleo del Gobierno, siempre cuesta arriba. Y el PP aprobará este martes en el Senado una moción instando al Ejecutivo que cumpla con su obligación y presente los Presupuestos de 2025, pero de nada le servirá.