Cualquier nuevo decreto sobre el alquiler debe someterse al voto directo de este órgano
Qué es la Diputación Permanente y por qué puede ser clave para salvar el decreto de vivienda
La disolución de las Cortes traslada las decisiones urgentes a un órgano reducido de parlamentarios
Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales anticipadas y la consecuente disolución de las Cortes, el Congreso de los Diputados no paraliza por completo su actividad. La Constitución contempla la Diputación Permanente, un «órgano de guardia» diseñado para asumir las competencias indispensables de la Cámara Baja durante la campaña electoral.
Al disolverse el Parlamento, este mecanismo sustituye de inmediato al Pleno y se convierte en la única vía del Ejecutivo para intentar convalidar las medidas sobre vivienda tras la disolución de las Cortes.
La Diputación Permanente es un órgano reducido de parlamentarios encargado de velar por los poderes de la Cámara durante los periodos entre legislaturas. Mientras que en el Hemiciclo ordinario votan los 350 diputados, en este órgano lo forman únicamente 68 miembros más la presidencia de la Cámara, ostentada por Francina Armengol.
Su función no es tramitar leyes ordinarias desde cero, sino atender situaciones de urgencia y, especialmente, votar la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación.
35 votos a favor frente a 34 en contra
Con la convocatoria de elecciones ya sobre la mesa, cualquier nuevo decreto sobre el alquiler debe someterse al voto directo de este órgano reduciendo drásticamente la capacidad de bloqueo de la oposición. La clave reside en cómo altera las mayorías el redondeo técnico del reparto de escaños en un grupo tan reducido.
En la Diputación Permanente, el bloque integrado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos alcanza los 35 votos. Frente a ellos, la suma de las fuerzas de la oposición compuestas por el Partido Popular, Vox y Junts se queda en 34 votos.
Esta diferencia de un solo escaño otorga una ventaja técnica suficiente al Ejecutivo para sacar adelante la regulación del alquiler sin necesidad de contar con el 'sí' de la formación independentista catalana.
