Ejército español en las playas de Ceuta
El Gobierno impidió al Ejército aplicar el plan previsto para contener la entrada masiva en Ceuta
Fuentes militares próximas al Gobierno aseguran a El Debate que una parte de la cadena de mando reclamó activar la respuesta prevista en los planes de contingencia de Defensa cuando comenzó la entrada masiva del 30 de julio
El adelanto electoral libró a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de comparecer la pasada semana para informar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso sobre la actuación de los servicios de inteligencia ante la invasión de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. Fuentes militares conocedoras de la estructura defensiva de la ciudad y próximas al Gobierno aseguran a El Debate que Defensa tenía previsto un escenario como el que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio el Gobierno no lo activó.
Los planes de contingencia del Ministerio de Defensa contemplan expresamente escenarios de presión que no comienzan con carros de combate, artillería ni una agresión militar convencional, sino con acciones asimétricas como una entrada masiva de población civil sin armas. Se trata, explican las mismas fuentes, de una suerte de invasión pacífica que, salvando las enormes diferencias históricas, responde al principio utilizado en la Marcha Verde de 1975: emplear población civil para ejercer presión territorial sin cruzar inicialmente el umbral de un enfrentamiento militar abierto. Los planes no activados por parte del Ejecutivo en conocimiento de este periódico sitúan el foco más allá de la actuación de Marruecos y desplazan el centro de gravedad en lo que de verdad importa: por qué no activó el Gobierno la respuesta prevista y qué dejó de hacer.
Ataque en la «zona gris»
Ese tipo de actuación se encuadra en lo que la doctrina militar denomina «zona gris», el espacio situado entre las relaciones pacíficas y el conflicto armado abierto. El propio Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) define actualmente la zona gris como un terreno ambiguo «entre la paz y el conflicto abierto», en el que actores estatales y no estatales pueden utilizar estrategias híbridas para desestabilizar al adversario sin cruzar el umbral de la guerra convencional.
Por eso las fuentes consultadas introducen una precisión conceptual. Lo sucedido en Ceuta no debería calificarse técnicamente como «guerra híbrida» sino como la parte asimétrica de la guerra híbrida. Esta parte asimétrica es la que precede y posteriormente convive con la parte convencional formando entre las dos un conflicto híbrido del que el oponente obtiene las mayores sinergias. Lo que se está observando en Ceuta encaja perfectamente en el componente asimétrico en la zona gris previo a la escalada.
La experiencia de Ucrania demuestra precisamente que las formas contemporáneas de conflicto no suelen comenzar con una declaración de guerra ni con el empleo inmediato de fuerzas convencionales. La presión política, informativa, económica, cibernética, social o mediante actores irregulares, es lo que se denomina el conflicto en el multidominio que combina acciones en los ámbitos cognitivos y tangibles (dominio cibernético, terrestre, marítimo, aéreo y espacial).
Un planeamiento que Defensa ya puso en práctica
Esta distinción es fundamental porque cambia el centro de la responsabilidad política. «La responsabilidad del Gobierno no depende de que podamos demostrar que Marruecos estaba detrás ni de si estaba chantajeando a Sánchez», resumen las fuentes consultadas. «La responsabilidad está en haber impedido que se aplicara lo que estaba previsto». La disolución anticipada de las Cortes ante la convocatoria del 29-N impide que Gobierno dé explicaciones en la comisión de secretos oficiales por la no aplicación de los planes de contingencia previstos para este caso en concreto. El escenario que se ha materializado era un supuesto previsto ante el que se habían planeado acciones. Solo hay que recordar la rápida reacción de las fuerzas armadas acuarteladas en la plaza de Ceuta como reacción a la crisis fronteriza de mayo de 2021.
Inmigrantes en Ceuta tras la entrada masiva
Existe además un precedente militar inmediato que permite entender lo que cuestionan ahora las fuentes. Cuando entre el 17 y el 18 de mayo de 2021 miles de personas atravesaron la frontera ceutí, fueron movilizadas unidades de La Legión y Regulares. Los militares se desplegaron con vehículos BMR –Blindado Medio sobre Ruedas–, mientras las unidades destinadas en la ciudad permanecían preparadas para intervenir. La reacción permitió reforzar la frontera y recuperar progresivamente el control de la situación. Las fuentes consultadas sostienen que la lógica defensiva es sencilla: las unidades estacionadas permanentemente en Ceuta constituyen la capacidad de primera respuesta y los refuerzos procedentes de la Península o de Canarias llegan posteriormente si la evolución de la crisis lo exige.
Y ahí sitúan la diferencia esencial con julio de 2026. Según su versión, las unidades ceutíes debían haber sido desplegadas inmediatamente para proteger determinados puntos, contener la penetración y preservar zonas de la ciudad mientras llegaban refuerzos. «Despliegas las unidades y dejas a salvo a la población», explican. Sin embargo, sostienen, esa primera respuesta no se produjo en los términos previstos mientras decenas de miles de personas atravesaban la frontera. Lo públicamente conocido confirma, al menos, que la intervención militar estuvo sometida a decisiones de las autoridades civiles. Las Fuerzas Armadas no tienen atribuida con carácter ordinario la función de control fronterizo que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La cuestión que plantean las fuentes es distinta: qué mecanismos estaban previstos para una situación extraordinaria, cuándo podían activarse y qué ocurrió en las primeras horas. Ése es precisamente el intervalo cuya reconstrucción resulta esencial.
La clave tampoco es solo por qué no se activaron los planes de contingencia previstos sino por qué, una vez que comenzó la invasión, se esperó durante horas a que entrara el último invasor/inmigrante para comenzar a dar órdenes. Algo similar a si un médico argumenta que permaneció observando cómo se desangraba un herido porque no sabía con la antelación suficiente cuánta sangre iba a salir de la aorta diseccionada. El presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), el Mando Operativo Terrestre (MOT/GEMCANA), el Comandante General de Ceuta (COMGECEU) y los coroneles jefes de las Unidades de la plaza. Una parte importante de la cadena de mando solicitó activamente que se le diera la orden esperada y planeada. El Ejecutivo sabía perfectamente que «el militar que tenga orden de defender su puesto a toda costa lo hará». La pregunta es por qué esa orden no se dio ni antes, ni durante las más de 24 horas en las que se prolongó la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La pregunta es por qué esa orden no se dio antes, cuando ya existían avisos; ni siquiera después, cuando el propio Ejecutivo había designado ya un mando único para dirigir la crisis.
El precedente que hace imposible alegar sorpresa
Todos tenemos en nuestra retina las imágenes de los legionarios con sus BMRs en la playa haciendo la doble función de atender humanitariamente a los inmigrantes vulnerables y contener el avance de la invasión en mayo de 2021 en Ceuta. En ellas se ve cómo el trato humano era exquisito y supieron diferenciar entre quienes eran víctimas reales que huían de la situación marroquí y quienes venían cumpliendo órdenes disfrazándolo de crisis migratoria. El resultado fue que no se les permitió llegar al centro urbano, ni a las instalaciones críticas y mucho menos al puerto, a los depósitos de combustible, las cercanías de los polvorines, la depuradora, en definitiva las infraestructuras estratégicas. Todo ello sin dejar de atender humanitariamente a embarazadas, niños pequeños y personas vulnerables por los propios militares que recibieron la orden que en 2026 nunca llegó.
Inmigrantes en Ceuta tras la invasión
La crisis de Ceuta tuvo también una dimensión militar en el mar. Este 12 de octubre, El País ha publicado que buques de guerra marroquíes penetraron en aguas españolas durante aquellos acontecimientos. La información describe incursiones de unidades de la Marina Real de Marruecos y una situación de tensión con patrulleros españoles.
Pedro Sánchez confirmó este lunes, durante la recepción de la Fiesta Nacional en el Palacio Real, que se produjo el incidente y que hubo contactos entre ambas armadas para resolverlo. «Fueron días muy intensos», reconoció, según El País. La confirmación presidencial obliga a examinar conjuntamente la secuencia de decisiones adoptadas en tierra y en el mar, sin que la coincidencia temporal demuestre por sí sola una coordinación entre ambas actuaciones.
Fuentes militares consultadas por El Debate, cuyos testimonios han sido corroborados este mismo 12 de octubre por otras fuentes castrenses, sostienen que una parte de la cadena de mando reclamó aplicar la respuesta terrestre prevista en los planes de contingencia y no recibió la orden. La cuestión que debe esclarecer el Gobierno es qué autoridades conocieron cada amenaza, cuándo lo hicieron y por qué se autorizaron unas actuaciones militares mientras, según estas fuentes, no se ejecutaba la respuesta terrestre solicitada.
La maniobra de distracción del Gobierno
El Gobierno ha insistido en la necesidad de determinar qué ocurrió al otro lado de la frontera y cuál fue la actuación de Marruecos. Pero ésa es sólo una mitad de la investigación. Puede investigarse si Marruecos abrió deliberadamente la frontera. Puede analizarse si existió una operación de presión contra España. Puede esclarecerse si Rabat pretendía obtener alguna contrapartida política. Y deberán aportarse pruebas antes de convertir cualquiera de esas hipótesis en hechos.
Pero ninguna de esas respuestas determina qué debía hacer España en su propio territorio. Ésa es precisamente la función de los planes de defensa y de contingencia: permitir reaccionar ante una amenaza sin esperar a conocer las intenciones últimas de quien pueda estar provocándola. Y después de mayo de 2021, una entrada masiva de población civil desde Marruecos sobre Ceuta ya no podía considerarse un escenario inimaginable. Por eso la pregunta fundamental sobre lo sucedido el 30 de julio no exige demostrar previamente quién abrió la puerta desde Marruecos. Exige responder a otra mucho más comprometida para el propio Gobierno de Sánchez: si Defensa tenía previsto ese escenario y existían unidades preparadas para proporcionar la primera respuesta, ¿quién impidió que se aplicara el plan cuando todavía se podía contener la crisis?