'Caso Faffe': prostíbulos, enchufados y un gran agujero económico en Andalucía

Casi cuarenta años, treinta y siete concretamente, dan para mucho. En Andalucía, como los hechos han demostrado, y se está juzgando, para mucha corrupción. En 1982, el PSOE de Andalucía ganó las primeras elecciones autonómicas: con el 52,73 % de los votos, que les reportaron 66 de los 109 escaños del Parlamento, los socialistas, con Rafael Escuredo Rodríguez al frente, irrumpieron, con mayoría absoluta (perdición de los andaluces) en la flamante Junta de Andalucía.

Desde entonces, y hasta enero de 2019, el PSOE-A gobernó la comunidad autónoma con puño de hierro, no en vano, con la llegada, en 1990, de Manuel Chaves a la presidencia, y sobre todo a partir de 1994, cuando pierde la mayoría absoluta (de 62 pasa a 45 escaños), se intensificaba el clientelismo mediante el enchufismo en empresas públicas, gestionadas y aprovechadas privativamente por los Gobiernos socialistas.

Se ampliaba, en definitiva, de forma burda y descarada, la red clientelar en que se basan los numerosos casos de corrupción del PSOE, como la Faffe. La chistosa anécdota del hijo que dice «pues mi papá trabaja en la PSOE», como si de una empresa se tratara, refleja la realidad del régimen socialista.

Prostíbulos

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo –más conocida por su acrónimo, Faffe– fue un ente dependiente de la Consejería de Empleo que funda, en 2003, el Gobierno de Manuel Chaves para formar a la multitud de parados andaluces. Esto, en teoría. En la práctica, fue una agencia de colocación de miembros, familiares y amigos del Partido que dilapidó el dinero destinado a organizar cursos de formación para los desempleados de la comunidad en prostíbulos, viajes y clubes de lujo.

Los despilfarros tienen como origen una serie de tarjetas opacas que disponían los dirigentes del «Fondo» –como sus empleados, más de 1.700 en total, denominaban al «chiringuito»–. Con ellas, Fernando Villén, su director general, imputado en la causa, y otros altos cargos de la Faffe costearon sus juergas en Don Angelo y otros cuatro prostíbulos andaluces.

Se han contabilizado hasta trece «bacanales» en bares de alterne de Sevilla, Córdoba y Cádiz por un importe total de 31.969 euros. El importe de una noche de fiesta en Don Angelo, entre las 20:57 del 22 de marzo de 2010 y las 2:43 del día siguiente, ascendió a 14.737 euros. Se da la circunstancia de que el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, llevó a cabo, en aquella jornada, una remodelación de su Gobierno con la que cambió el consejero de Empleo, hasta entonces Antonio Fernández, condenado en el caso de los ERE.

El Gobierno de Susana Díaz se resistió a facilitar la información sobre las black, cuya existencia negó siempre el PSOE. Cuando los hechos salieron a la luz, en 2018, a pocos meses de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo autonómico dio su brazo a torcer y ofreció la documentación que le requerían tanto el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, el gasto en viajes, hoteles y clubes de lujo superó los tres millones de euros: casi 1,8 millones de euros en agencias de viajes, 1,2 millones de euros en compañías principalmente de autobuses, 63.715,68 euros en hoteles y entre casi 17.000 y unos 24.500 euros en clubes sociales.

Enchufados

No obstante, la Faffe destacó asimismo como agencia de colocación, desde su fundación, en 2003, hasta su disolución e integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –que absorbió su estructura–, en 2011. Se ha descubierto que hasta 200 personas vinculadas con el PSOE, o los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) cobraron del Fondo.

En 2018, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) llevó ante el juez una lista con los nombres y apellidos de 85 enchufados socialistas, entre los que se encontraban Antonio Torres y Francisco Aguilera, exalcaldes de Lebrija y Montellano (Sevilla), respectivamente, quienes ya estaban siendo investigados en otras piezas separadas, y otros exregidores y concejales del PSOE-A; la esposa, el cuñado y un sobrino de Fernando Villén, o dos familiares de Gaspar Zarrías, quien fuera vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Otros casos destacados son el del concejal tránsfuga del PP de Camas, Eduardo Cabeza, quien fue contratado por la Faffe un mes y medio después de unirse, en mayo de 2009, a los socialistas en una moción de censura contra el popular Juan Pazos, o el de Carmen Ibanco, esposa del actual secretario general y candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, también imputada en la causa. Ibanco, quien trabaja en el SAE desde 2007, cuando su marido era viceconsejero del Gobierno andaluz, estuvo contratada por la Faffe al no ser funcionaria.

Un gran agujero económico

Por todo ello, y mucho más, el agujero económico que «la PSOE», a través de organismos como la desaparecida, no realmente extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, es enorme. Solo la Faffe contó con un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010; únicamente entre 2007 y 2009, recibió 134,3 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía.

Los distintos grupos políticos del Parlamento de Andalucía ya elaboraron y presentaron sus conclusiones sobre la comisión de la Faffe, constituida en marzo de 2019. El PP-A ha cifrado en 115 millones de euros la cuantía de las subvenciones que percibió el Fondo aún pendientes de justificar.

De igual modo, los populares han señalado, junto con Ciudadanos y Vox, a la hoy ministra de Hacienda, otrora consejera de Salud y de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, entre otros exconsejeros andaluces, y a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables políticos de las corruptelas en el ente creado para formar a los parados de la comunidad. Sin embargo, los naranjas, al contrario que el PP-A y Vox, han exculpado a la sucesora de Chaves y Griñán, Susana Díaz.