El Gobierno y un comisario de la UE torpedean la regulación de los regadíos del Condado de Huelva

Hace apenas un mes, el Parlamento de Andalucía daba luz verde a la tramitación de la regulación de los regadíos del Condado de Huelva. Lo hacía con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y las abstenciones del PSOE-A; sólo contó con el rechazo total de Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía.

Parecía haber un consenso razonable al respecto, aun cuando desde la bancada socialista se tachaba la Proposición de Ley de «acto de propaganda barata y de engaño masivo a los agricultores del Condado», presentes en el pleno durante el debate.

Se trataba de una conjunción de dos iniciativas idénticas –una del PP-A y Cs y otra del PP-A y Vox– con que «se pretende resarcir del daño causado a cientos de agricultores», aseguraba el ponente popular, Manuel Andrés González. De igual modo, Julio Díaz, parlamentario naranja, defendía la regulación de los regadíos como una solución a un problema que no supieron resolver los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, «insensibles a las reclamaciones de los agricultores».

No obstante, los productores agrícolas habrían sido «engañados», según la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, quien sostenía que «no se puede ampliar el número de hectáreas de regadío legalizadas porque el acuífero del que dependen ya está sobreexplotado». El ponente de Vox, Rafael Segovia, se encargaba de desmentir que la regulación vaya a afectar al acuífero de Doñana.

La amenaza de la UE y del Gobierno

Aun así, Unidas Podemos ha solicitado, este miércoles, la «paralización» de la tramitación, dada la imperante amenaza de «sanciones millonarias» por parte de la Unión Europea. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius (Unión de los Campesinos y Verdes Lituanos), ha advertido a la Junta de Andalucía de la voluntad de la UE de «utilizar todos los medios a su disposición» para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en 2021 condenó a España a causa de las extracciones «desmesuradas de agua subterránea» en Doñana, vinculadas principalmente a la agricultura de regadío que se practica en el Condado de Huelva.

Así, el Gobierno de la Nación, a través de una carta del Ministerio de Transición Ecológica remitida a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha anunciado que «promoverá un recurso de inconstitucionalidad para la inmediata suspensión» de la aplicación de la Proposición de Ley, «instando [a] su anulación por el Tribunal Constitucional», conforme al aviso que, el mes pasado, vertió Florika Fink-Hooijer, la directora general europea de Medio Ambiente.

Ya ante una primera advertencia proveniente de la Comisión Europea, a principios de febrero, incluso antes de que el Parlamento de Andalucía aprobara la tramitación, la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, enviaba una misiva dirigida a Fink-Hooijer solicitándole una reunión «para abordar en profundidad este asunto». Lo hacía con el objetivo de convencer a las autoridades europeas de que la regulación de los regadíos del Condado de Huelva no perjudica al Parque Nacional de Doñana. Además, en el mensaje, Crespo desmarcaba al Ejecutivo autonómico de la Proposición de Ley del PP-A, Cs y Vox. Aún no hay fecha para el encuentro.

Así las cosas, la tramitación está en el aire. La regulación de alrededor de mil hectáreas de regadíos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado se está viendo torpedeada tanto por unos como por otros. La polémica está servida, y el sector agrícola andaluz tiene todas las de perder.