Juan Franco: «La Línea se encuentra en una situación de desventaja respecto a Gibraltar»

España tiene dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla–, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, quiere que, con la suya, y mediante consulta popular, sean pronto tres. Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la Nación, que ha de autorizar el referéndum, ven con buenos ojos el proyecto; pero el enclave del municipio, colindante con Gibraltar, y problemas como el narcotráfico motivan sus aspiraciones autonomistas. El regidor linense atiende a El Debate para explicar la situación que vive la ciudad y el proceso que ha emprendido para hacerla autónoma.

–¿Ha recibido ya alguna respuesta por parte del Gobierno de España respecto a la consulta autonomista que usted plantea para La Línea?

–De momento, nada. Esto se remitió a la Junta de Andalucía en el mes de marzo. La Junta nos ha comunicado que en abril remitieron ellos el expediente al Consejo de Ministros, y no nos han contestado. De hecho, en el último pleno que se celebró en agosto, hemos solicitado un dictamen de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para darle sentido de silencio administrativo. A partir de ahí, actuaremos en consecuencia.

–Tanto el Gobierno como la Junta se han posicionado en contra del proyecto. ¿Cree que esta circunstancia está demorando la celebración de la consulta popular?

–Posiblemente. Aquí, que no se nos olvide, lo que estamos solicitando es la autorización para celebrar la consulta. Nosotros no somos los competentes para declararnos ciudad autónoma.

–¿Qué competencias reivindica para La Línea en su proyecto de ciudad autónoma?

–Más que competencias, lo que reivindicamos es poder afrontar tres problemas. Por un lado, tenemos la situación de 11.000 personas que diariamente emigran a trabajar a un «país» extranjero –Gibraltar–, que cotizan a un fondo de pensiones que no es el español y que, cuando se jubilen, reciben unas pensiones exiguas.

Por otro lado, estamos teniendo unas carencias enormes en cuanto a personal de administración pública, tanto en fuerzas y cuerpos de seguridad como en personal docente, sanitario o del ámbito judicial. Lo que planteamos es que estas personas tengan un tratamiento diferenciado, ya sea en forma de una tributación más baja en el IRPF o con la inclusión de un plus de territorialidad, para convertir La Línea en un destino más atractivo y ofrecer mejores servicios.

Y por último, reivindicamos un régimen fiscal diferenciado, fundamentalmente porque tenemos frontera con Gibraltar y nos encontramos en una situación de desventaja. El objetivo final es que empresas que han tenido que irse de Gibraltar como consecuencia del Brexit acaben implantándose en un ámbito de Unión Europea como La Línea de la Concepción.

–¿Es Gibraltar buen vecino de La Línea?

–En el plano personal, por supuesto. Las relaciones entre el Gobierno de Gibraltar y el Ayuntamiento de La Línea son fluidas, pero está claro que hay cosas que yo cambiaría. Pero yo no soy ministro de Exteriores ni embajador ni miembro del cuerpo diplomático.

–¿A qué atribuye la desigualdad económica que existe entre Gibraltar y La Línea?

–Nosotros tenemos el régimen común que puede tener cualquier municipio de nuestra población y Gibraltar tiene unas condiciones diferentes.

–El régimen fiscal de Gibraltar se caracteriza por unos impuestos bajos. ¿Bajaría usted los impuestos para competir con Gibraltar?

–Nosotros queremos tener una tributación diferente a la que tienen San Roque, Los Barrios o Algeciras y que empresas que puedan establecerse en nuestro territorio tengan una fiscalidad más baja, por supuesto. Por ejemplo, muchas de las empresas de juego en línea que operaban en Gibraltar han tenido que deslocalizarse, y el Gobierno de España, en los presupuestos generales del Estado de 2018, introdujo una modificación en la ley del juego para beneficiar a las empresas que se establecieran en Ceuta y Melilla. Nosotros queremos que ese tipo de fiscalidad se aplique a La Línea.

Tenemos la misma situación con empresas del sector seguros y el financiero que están muy interesadas en quedarse aquí porque les permitiría abrir una nueva línea de negocios para seguir con su trabajo en el marco de la Unión Europea y una en Gibraltar para expandirse en el mercado Commonwealth. Sin esa fiscalidad diferenciada no tienen el atractivo para implantarse aquí.

–El Brexit también está pasando factura a La Línea. ¿Está en contacto con Fabian Picardo?

–Yo voy teniendo cierta información tanto del Peñón como del Ministerio de Exteriores, pero opero con la máxima discreción en este sentido. La sensación que tengo es que si ambas partes, tanto el Gobierno de España como el británico, siguen negociando, con todas las dificultades que está habiendo, es porque se está haciendo el esfuerzo de intentar llegar a un acuerdo. Creo que hay voluntad, pero el tema es tan complejo que no terminan de cerrarse las posturas. Esperemos que en breve tengamos ese acuerdo definitivo.

–¿Dónde cree que está la clave de las discrepancias o lo que lleva a que todavía no hayan llegado a buen puerto las negociaciones?

–Yo creo que hay una base común de acuerdo, y es que todo el mundo quiere que la fluidez en la frontera permanezca. Parece que se ha buscado una solución imaginativa para que Gibraltar se incluya dentro del espacio Schengen. Creo que el principal punto de fricción –y esto lo digo como ciudadano de a pie y por lo que he leído en prensa, no como alcalde– es el control de las personas que accedan a territorio español a través de Gibraltar, a quién le compete.

–La Línea también sufre la lacra del narcotráfico. ¿Cómo se ha llegado a este punto?

–En 2017 hay un repunte del narcotráfico. Hay una respuesta decidida por parte del Estado. El ministro Marlaska hace un buen trabajo en cuanto a la represión de este tipo de delitos; pero se está produciendo un efecto perverso, y es que, al taponarse la entrada por aquí, se está derivando la entrada por otros municipios. Esta respuesta en el plano de la seguridad es positiva, pero en el plano social es inexistente.

La base del problema es social. El tipo de gente que acaba metida en esta historia, por regla general, vive en determinados barrios y tiene un determinado nivel formativo, que suele ser muy bajo. La inserción social no se está trabajando para nada. Es una cuestión que implicaría un trabajo conjunto de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.