El juez de los ERE reprocha a la Junta la petición de archivo de una pieza

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha reprochado a la Junta de Andalucía que haya pedido el archivo de una de las piezas de la macrocausa de los ERE. El magistrado ha advertido a la Administración autonómica, que ejerce la acusación particular, de que los funcionarios y las autoridades pueden ser responsables de no haber recuperado el dinero malversado.

La Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a la empresa Fundaciones Caetano por importe de 3,8 millones de euros porque los procesados –el administrador de la sociedad, Abilio Caetano Blasco, y el exdirectivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín– no cumplirían los requisitos para ser considerados autores de los delitos de prevaricación y malversación de los que se les acusa.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que presentaron unas conclusiones muy distintas a las de la Administración autonómica, han conseguido que se abriera juicio oral contra los dos acusados. Sin embargo, el juez ha impuesto 400 euros de fianza, y no los 3.838.917,15 euros que reclamaba la Fiscalía, debido a que la Junta «nada manifiesta respecto a la aceptación del posible resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera corresponderle y reconocerse en una eventual futura sentencia condenatoria».

Así, en un auto, Vilaplana señala que la acusación particular de la Junta de Andalucía mantiene un «equívoco comportamiento procesal» al desistir o renunciar «a potenciales créditos económicos de la Hacienda Autonómica, derivados de las conductas malversadoras que se afirman concurrentes por las demás Acusaciones y que pudieran ser reconocidas en Sentencia».

Del mismo modo, el magistrado concluye que existen «indicios suficientes y solventes de la responsabilidad de los encartados en los hechos delictivos», de manera que, «ante la pobreza argumentativa expuesta, este Juzgado no puede sino desestimar la petición de la Junta de Andalucía de que se archive el procedimiento, pues no disponemos de argumentos sólidos –no se ofrecen– sobre los que fundar dicha relevante decisión».

Responsabilidad de la Junta

Según la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a la que se remite el juez de los ERE para advertir a la Administración autonómica de su responsabilidad, los funcionarios y las autoridades de la Junta «que ocasionen menoscabo en los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones […] estarán obligados a la indemnización de daños y perjuicios, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder».

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, defendió este martes el criterio de los servicios jurídicos de la Junta, que «tienen el mandato de agotar hasta la última vía para recuperar esos fondos».

Por su parte, Vox considera que «es muy grave que sea la propia Junta la que esté solicitando a la Justicia el archivo de un procedimiento, después de que una sentencia firme del Tribunal Supremo haya ratificado las condenas por el robo de 680 millones de euros a los andaluces». Así lo expuso su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira.