Los próximos objetivos del revisionismo histórico tras la exhumación de Queipo de Llano: placas y callejeros

Esto no ha hecho más que empezar. La nueva Ley de Memoria Democrática obliga a retirar y eliminar cualquier símbolo o elemento que se considere exaltador de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista; de manera que, tras la exhumación de los restos de los generales Gonzalo Queipo de Llano (y su esposa) y Francisco Bohórquez Vecina, los próximos objetivos del revisionismo histórico son lápidas, placas y los callejeros, además de otros desenterramientos.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada definitivamente el pasado mes de octubre, se estrenó con las exhumaciones de Queipo de Llano y Bohórquez Vecina de la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Unos trabajos que se realizaron, al contrario que la de Franco, en 2019, del Valle de los Caídos –renombrado ahora, conforme a la Ley, como Valle de Cuelgamuros–, en la intimidad de la noche.

Un detalle que pasó prácticamente inadvertido de toda esta operación fue la retirada de una placa conmemorativa de los 100 años del nacimiento de Queipo de Llano, hermano mayor honorario de la Macarena; situada en la misma capilla de San José donde estaban las tumbas del general y su esposa. La Hermandad decidió quitarla motu proprio, antes de que el Gobierno pudiera instarla a ello.

La Macarena suprimirá la referencia a Franco de la fachada de la Basílica

Por consiguiente, la Macarena también suprimirá la referencia que se hace de Franco de una placa que luce en la fachada de la Basílica. En ella se puede leer lo siguiente: «Realzó con su presencia tan solemne ceremonia Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, y el Gobierno de la nación española».

Está por ver si se retira íntegramente la placa, donde se recuerda que los padrinos de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, en 1964, fueron el Ayuntamiento de Sevilla y las Hermanas de la Cruz, o sólo se elimina la referencia.

Ciriaco Cascajo

Otro de los generales que se encuentran en el punto de mira del revisionismo histórico es Ciriaco Cascajo. Sus restos descansan en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud (Córdoba), de titularidad municipal. La Ley, en principio, no se le debería aplicar. Sin embargo, el epitafio motiva la denuncia de las asociaciones memorialistas.

«Yace aquí el cuerpo del Excelentísimo Señor Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936. El Ayuntamiento de la ciudad le concedió este sepulcro en señal de perenne gratitud». La asociación Aremehisa pide al Ayuntamiento de Córdoba –donde gobierna el Partido Popular y Ciudadanos– que suprima esta inscripción.

Aremehisa lo viene reclamando desde 2018 y ahora, para su ejecución, se remite al artículo 35, apartado 1, de la Ley de Memoria Democrática, que establece que «se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

Las calles

Del mismo modo, el segundo apartado del artículo 35 de la Ley determina que «serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

El callejero, por tanto, está en entredicho. El revisionismo histórico cuestiona incluso que el diputado monárquico José Calvo Sotelo, asesinado por los socialistas días antes del estallido de la Guerra Civil, o Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno de España entre febrero de 1981 y diciembre de 1982, puedan dar nombre a alguna calle de nuestro país, como de hecho ocurre en muchos municipios españoles, ni mucho menos a un colegio (público), como en Sevilla.

Rodolfo Martín Villa, ministro de Carlos Arias Navarro y en la Transición, de la cual fue uno de sus protagonistas, tampoco puede tener una calle. De hecho, las asociaciones memorialistas reclaman que se borre también su nombre de los callejeros.