Cortijo de Gambogaz, en Camas (Sevilla)
El revisionismo histórico aprieta por la expropiación del cortijo de Queipo de Llano en Sevilla
El antecedente del pazo de Meirás abre una vía para la reivindicación de la plataforma memorialista que organiza una marcha hacia la finca del general
La plataforma ‘Gambogaz para el pueblo’ lleva años reclamando la expropiación del cortijo de Gambogaz, propiedad de la familia del general Gonzalo Queipo de Llano. El colectivo revisionista tiene por objetivo que la finca pase a manos del Estado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y respaldado por el antecedente del Pazo de Meirás.
Queipo de Llano, cuyos restos fueron recientemente exhumados de la Basílica de la Macarena, en Sevilla, adquirió el cortijo de Gambogaz, ubicado en el municipio sevillano de Camas, el 24 de diciembre de 1937; una compra cuestionada por la plataforma, que impulsa una investigación histórica y documental para demostrar que el hombre que dirigió el alzamiento en Sevilla se hizo con la finca con dinero público.
Gonzalo Queipo de Llano
El colectivo, que organiza una nueva marcha hacia el recinto para reivindicar su devolución al Estado, expone que Queipo de Llano emprendió la adquisición del cortijo y sus tierras, que abarcan 480 hectáreas en su conjunto, cuando «disponía de plenos poderes para ejercer prevalencia en cualquier operación comercial que se planteara», pues «su Estado Mayor controlaba la administración y los instrumentos financieros de Andalucía, donde sus tropas desplegaban una inusitada violencia».
El antecedente de Meirás
La ley establece que el Archivo de Protocolos Notariales debe permanecer cerrado a los investigadores durante 100 años desde la firma de la escritura, lo cual supone un obstáculo para poder poner el documento de compraventa de la finca a disposición de la Abogacía del Estado a fin de que esta inicie el proceso de entrega. Sin embargo, el antecedente del pazo de Meirás abre una vía más rápida para la expropiación del cortijo de Gambogaz.
La familia Franco se vio obligada a devolver el pazo de Meirás en cumplimiento de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña de septiembre de 2020 que sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre del dictador porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era un título hábil para reconocer la transmisión. El tribunal estimó, por tanto, la demanda interpuesta por el Estado, a la que se adhirieron la Junta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y La Coruña y la Diputación coruñesa.
Sin el vendedor
En el caso del cortijo de Gambogaz, según la plataforma memorialista, Queipo de Llano formalizó la compra del 86 % de los suelos hasta entonces propiedad del ganadero Manuel Camacho Naveda ante un notario «de su confianza», Fulgencio Echaide Aguinaga, y sin que el empresario «estuviese presente» en el acto. Camacho Naveda se encontraba en la cárcel acusado de tráfico de divisas con el peñón de Gibraltar y estuvo representado por «un militar retirado» durante el proceso de compraventa.
El ganadero había comprado previamente el lote de suelos a la familia Vázquez de la Lastra, «propietaria histórica» de todos los terrenos, que conservó un 14 % de los mismos tras la venta. El colectivo revisionista afirma que Queipo de Llano financió la adquisición de la finca gracias a los fondos de una «recaudación popular» en agradecimiento por su papel en el alzamiento, aunque de ella «no hay ningún resto documental».
El colectivo ha pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por intermediación de la alcaldía de Camas, ostentada por Rafael Recio (PSOE), «la formación de una comisión histórica y jurídica con capacidad para completar la documentación que permita llevar ante la Abogacía del Estado el caso de Gambogaz», reclamando además la «implicación» del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla para «llegar a juzgar la propiedad del cortijo».
