Un exdelegado andaluz de Empleo y CC.OO., más cerca del banquillo por 3,1 millones en ayudas a amigos

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe total de 3.104.791,82 euros a la empresa Intesur S. A. U.

En un auto fechado el día 16 de diciembre y notificado hoy martes a las partes personadas, el magistrado toma esta decisión «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Los investigados en esta pieza separada del caso ERE son un exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas, tres representantes de la mediadora Vitalia, dos ‘intrusos’ (beneficiarios de pólizas de seguro pese a no haber sido trabajadores de la empresa) y un representante del sindicato CC. OO. Asimismo, el magistrado dirige el procedimiento, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra Vitalia, CC. OO.-Industria, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Confederación Sindical de CC. OO.-A, según comunica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juez explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra otros cuatro ex altos cargos de la Junta, pues «ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta», siguiendo así el criterio «a tal efecto establecido» por la Sección Séptima de la Audiencia en distintos autos mediante los que confirmó «expresamente» la exclusión como investigados en esta causa de los citados ex altos cargos.

Las ayudas

En el auto, el magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE «lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas desde el año 2003» por la Dirección General de Trabajo a la mercantil Intesur. Indica, además, que el importe de estas «supuestas subvenciones graciosamente concedidas por la Junta ascienden, al menos, a la suma de 3.104.791,82 euros» y que habrían tenido por objeto, fundamentalmente, «el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores» de la empresa (prejubilados) afectados por dos ERE distintos mediante la financiación de un seguro de rentas.

Según asevera el juez, «ante el planteamiento del correspondiente ERE, los investigados habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad y de espaldas al procedimiento legalmente establecido».

De este modo, los investigados «se habrían concertado para conseguir el otorgamiento ilícito de las ayudas» relacionadas en el auto con el correspondiente director general de Trabajo, «con quien ultiman la presentación de unos ERE y la formalización de las correspondientes pólizas de seguro, con la participación de la mediadora Vitalia, impuesta desde la Dirección de Trabajo, propiciando la inclusión fraudulenta e irregular —además de la de ellos mismos—, como beneficiarios de la correspondiente póliza», de tres ‘intrusos’, uno de ellos ya fallecido.

Relaciones personales

En relación con los dos ‘intrusos’ contra los que se dirige el procedimiento, el instructor señala que no tenían relación laboral con la empresa, pero habrían sido incluidos «irregularmente» como asegurados en la correspondiente póliza de seguro de rentas merced a «su relación de amistad y parentesco» con el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla que consta como investigado en esta pieza separada, del que el juez destaca «su activa participación en la inclusión de los referidos intrusos». Estos dos ‘intrusos’, además, «habrían podido informar a otros sujetos de la existencia y posibilidad de obtener estas ‘ayudas’, como beneficiarios irregulares de pólizas de seguro de rentas de prejubilación de trabajadores de empresas aún cuando no hubieran trabajado para las mismas».

Así, y «prevaliéndose» de estas relaciones personales, los ‘intrusos’ contra los que se dirige la causa «posibilitaron que los mediadores de las pólizas de seguro les incluyesen como beneficiarios de las referidas pólizas», pese a que «nunca habrían sido trabajadores de la empresa Intesur». El representante del sindicato CC. OO. investigado en este procedimiento «habría también colaborado activamente en la concesión y obtención, de manera ilícita y fraudulenta, de las ayudas», de forma que, «desde su posición como representante de CC. OO., y a sabiendas de su evidente y grosera ilegalidad, habría posibilitado su concesión realizando gestiones al respecto con los responsables de la Consejería de Empleo con el fin de que Intesur y los ‘intrusos’ obtuvieran de forma irregular los fondos públicos comprometidos».