Andalucía se une al frente común de Murcia y Valencia contra el Gobierno por el trasvase del Tajo

Andalucía se ha unido al frente común que ya habían formado la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana contra el plan hidrológico que impulsa el Gobierno de España en relación con el trasvase del Tajo-Segura. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha presentado su petición de audiencia ante el Consejo de Estado para presentar alegaciones contra la decisión «política» que supone el recorte del agua destinada al consumo de las agriculturas del Levante español.

Así lo anunció este martes la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno en 2023. La 'popular' Crespo aludió a un pacto de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page.

El origen del trasvase del Tajo-Segura es una sentencia judicial que obliga a preservar el caudal ecológico del Tajo. Para ello, se estimó que con una cantidad de seis metros cúbicos por segundo se podría dar cumplimiento a esa exigencia. Así, según Crespo, la iniciativa se abordó en una reunión del Consejo Nacional del Agua de diciembre, y había consenso entre las comunidades autónomas afectadas en asumir la medida, pero no así en la cantidad finalmente decidida al efecto, que es de 8,6 metros cúbicos por segundo, una cifra que «no han avalado ni Murcia ni Valencia ni Andalucía».

Este cambio, que supondría un recorte de hasta 105 hectómetros cúbicos de agua, amenaza a 25.000 hectáreas de cultivo y 15.000 empleos directos en el Levante español, especialmente en Almería. Se trata, en palabras de Crespo, de «un jaque mate a la supervivencia del Levante español, de las frutas y hortalizas».

Además, el Gobierno de Moreno reclama que se mantengan las bonificaciones del agua desalada –las cuales quiere eliminar el Ejecutivo de Pedro Sánchez–, habida cuenta de que sin ellas el coste del metro cúbico de agua pasaría de los 0,45 euros actuales a 1,30-1,40 €, y que sean extensibles a todas las desaladoras del sistema, no sólo a la estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas).

Nuevas obras hidráulicas en Granada

Entretanto, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó este martes el gasto de cerca de 12 millones de euros para la contratación de obras de depuración de diversos núcleos de población de siete municipios de la provincia de Granada. Esta inversión, que se desglosa en tres lotes diferentes, se destina a la construcción de infraestructuras hidráulicas que permitan agrupar y recoger los vertidos de las localidades y conducirlos hasta las correspondientes estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) para su tratamiento.

El primer lote, por el que se movilizarán casi 1,4 millones, se refiere a la obra de una nueva red de colectores que permitan agrupar los vertidos del núcleo urbano de Lugros, donde también se contempla la construcción de una depuradora. Este proyecto beneficia a cerca de 450 habitantes del municipio.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destinará 6,8 millones a la contratación de la agrupación de vertidos, la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y la construcción de una nueva EDAR para el tratamiento conjunto de las aguas de cuatro núcleos urbanos del término municipal de Polopos (Castillo de Baños, Haza del Trigo, La Mamola y La Guapa), dos de Sorvilán (Melicena y Los Yesos) y otro perteneciente a Rubite (Casarones). En este caso, la población beneficiada ronda las 5.400 personas.

Por su parte, el objeto de contrato del tercer lote (cerca de 3,7 millones) es la agrupación de vertidos de los núcleos urbanos de Beas de Guadix, Marchal y Cortes y Graena (Los Baños, Cortes y Graena y Lopera) mediante un sistema de colectores que conducirán sus aguas residuales hasta la futura EDAR de El Bejarín, en Purullena. Las obras favorecerán, en este caso, a unas 3.500 personas.

En total, estos proyectos de infraestructuras hidráulicas conllevan mejoras para más de 9.400 vecinos de la provincia de Granada. En cuanto a la generación de puestos de trabajo, el Gobierno andaluz estima que las obras permitirán generar alrededor de 180 empleos verdes.

Depuración de aguas residuales en Córdoba

El Consejo de Gobierno andaluz también aprobó el gasto de 9,6 millones para mejorar la depuración de aguas residuales de tres núcleos urbanos de la provincia de Córdoba. En concreto, los proyectos impulsan nuevos colectores y estaciones depuradoras de aguas residuales en Fuente Tójar, El Guijo y Algallarín (término municipal de Adamuz). El Ejecutivo autonómico estima que estas labores permitirán crear en torno a 145 empleos verdes y que, en total, beneficiarán a unos 2.375 cordobeses.

En el caso de las obras en Fuente Tójar, donde se invertirán 2,1 millones, el proyecto contempla la agrupación de vertidos y la construcción de una depuradora para el correcto tratamiento de las aguas residuales de este municipio, donde residen unas 1.100 personas.

El objetivo de la contratación relativa a infraestructuras hidráulicas en El Guijo es ejecutar un sistema de colectores y una EDAR que dé servicio a los 355 habitantes de esta localidad cordobesa. La inversión ronda los tres millones de euros.

Por último, la iniciativa de mejora de la depuración de aguas residuales del núcleo urbano de Algallarín conlleva la inversión de más de 4,5 millones para agrupar los vertidos de sus vecinos y construir una depuradora. Estas instalaciones favorecerán a una población que ronda los 920 habitantes.