Aplazado el juicio por los pagos en prostíbulos con dinero para los parados andaluces hasta después del 28-M

La Audiencia de Sevilla ha accedido a la petición formulada por las defensas del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y de la exdirectora económica-financiera de la entidad Ana Valls, altos cargos de la Junta socialista, de aplazar hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo el juicio con jurado popular promovido en su contra por los pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de la entidad pública que dirigían.

Como ha avanzado Diario de Sevilla y figura en una providencia emitida el pasado 30 de marzo por la juez Mercedes Alaya, las defensas de los acusados habían solicitado «dejar sin efecto el señalamiento del juicio y posponer su celebración a partir del 29 de mayo», una vez celebradas las elecciones municipales.

Y es que las fechas previstas contemplaban la celebración del juicio entre el 18 y el 26 de mayo; es decir, que el mismo finalizaría el viernes previo a las elecciones municipales del domingo 28 de mayo.

Ante estas peticiones, la juez señala en su providencia que se «accede a lo solicitado», fijando para el 23 de mayo la constitución del jurado popular, para iniciar las sesiones como tal el 29 de mayo, el día siguiente a las elecciones municipales, con la lectura de los escritos de calificación, las alegaciones previas y las comparecencias de los acusados, y finalizar el 6 de junio con las conclusiones definitivas y los informes finales. Ya el día 12 de junio, según la providencia, sería entregado al jurado popular el objeto del veredicto.

Precisamente en mayo, pero de 2022, la Audiencia de Sevilla designó a la juez Mercedes Alaya, actualmente en la Sección Séptima de dicha instancia, como magistrada presidente del tribunal encargado de este juicio con jurado popular, que se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la exdirectora económica-financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.