El Gobierno andaluz deja a Sánchez en evidencia por las obras de agua sin hacer en el entorno de Doñana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se marchó del Parque Nacional de Doñana con las orejas gachas. Su visita institucional al epicentro del debate político, a cuenta del plan de regadíos del Condado de Huelva, le ha resultado contraproducente, toda vez que le han recordado las obras de agua que tiene pendientes en el entorno de Doñana.

De hecho, la necesidad de infraestructuras hidráulicas para el trasvase de aguas superficiales a los regadíos del Condado de Huelva es uno de los motivos en los que se fundamenta la proposición de ley del PP y Vox para la ordenación de las zonas agrícolas de cinco municipios de la comarca onubense. Otro es, precisamente, la protección de Doñana, al cual no afectaría la regularización de las explotaciones agrícolas.

Se trata de una cuestión de ordenación del territorio, no en vano se implica a la Consejería de Fomento y no a la de Medio Ambiente; así como de una deuda con los agricultores y regantes de la zona. La ley viene a corregir el decreto de 2014 por el cual se aprobó el Plan Especial de Ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que define las zonas regables según una planimetría de 2004.

Sánchez esgrimió la amenaza de multa de la Comisión Europea para instar al Gobierno de Juanma Moreno a retirar la proposición de ley. Se refería, concretamente, a la nueva carta del comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en la que comunica que la Comisión Europea utilizará «todos los medios a su alcance» para garantizar que España cumpla «efectivamente y sin demora» la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige la protección de Doñana en caso de que el Parlamento andaluz apruebe la ley de regadíos en los términos anunciados.

No obstante, desde la Junta de Andalucía no temen las sanciones que pueda acarrear la regularización de regadíos, ya que confían en que la reunión que mantendrá una delegación encabezada por el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, con miembros del gabinete de Sinkevicius el próximo 3 de mayo en Bruselas sirva para aclarar que la ley no afectará a Doñana.

Ley del trasvase

El plan de regadíos del Condado de Huelva contempla, en realidad, la ejecución de infraestructuras hidráulicas para hacer llegar aguas superficiales a las zonas agrícolas de fresas y frutos rojos; ni más ni menos que la aplicación de la ley del trasvase de 2018, por la cual el primer Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a ejecutar las obras necesarias para transferir 19,99 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir a tal efecto.

Casi cinco años después, las obras aún no se han hecho, ni siquiera se han iniciado. «El Gobierno ha incumplido con Doñana, con los agricultores, con los ganadores y con Huelva», señalaba este jueves, por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la capital onubense, comprometiéndose a ejecutar por declaración de emergencia todas estas obras y a preservar Doñana de cualquier «ataque de desidia» socialista si llega a la Moncloa.

Pedro Sánchez se llevó en el Falcon de vuelta a Madrid una lista de tareas pendientes. Ramón Fernández-Pacheco, en última instancia, también criticaba su visita Doñana. «Un presidente no está para venir a dar testimonio de nada, sino para cumplir con su palabra, con la que dio en 2018 cuando aprobó su primera ley, comprometiendo obras hidráulicas que, si hoy estuvieran construidas, llevarían agua superficial al Condado de Huelva y no estaríamos ante la gravísima situación que estamos padeciendo», sostenía el portavoz del Gobierno andaluz.