La alcaldesa de Marbella, investigada por negarse a demoler un edificio ilegal de tiempos de Gil

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por no hacer efectivo el cumplimiento de una sentencia, dictada en 2009, que obliga al Ayuntamiento de la ciudad malagueña a demoler un edificio declarado ilegal y que se levantó en tiempos de Jesús Gil, según adelanta en exclusiva eldiario.es.

De acuerdo con la información, la investigación se abrió a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que emitió una orden de demolición en 2020, impusiera una multa de 1.000 euros a Muñoz y remitiera el asunto a la Fiscalía Provincial de Málaga, que, tras estudiar la documentación, derivó el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que la regidora marbellí es también senadora y, por tanto, aforada.

Muñoz podría haber cometido un presunto delito de desobediencia como autoridad. «Tras el estudio de la numerosa documentación remitida, que dio lugar a la incoación de las presentes Diligencias de Investigación, ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP, al parecer, cometidos por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Marbella, en el ejercicio de sus funciones como tal», se señala en el escrito de la Fiscalía de Málaga remitido al Supremo.

Sentencia de 2009

La apertura de esta nueva investigación se produce a petición de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, en pro de la ejecución de la sentencia que dictaron hace ya casi 14 años y que anuló la licencia de obras de una vivienda construida en una parcela destinada a equipamiento comunitario en la planificación urbanística municipal, en la urbanización Artola de Marbella.

La licencia fue concedida en 1998, cuando el alcalde de Marbella era aún Jesús Gil. En aquellos años se emitieron al menos 600 licencias que posteriormente fueron revocadas por los tribunales al ser contrarias a la legalidad urbanística. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 2010 vino a resolver el problema; sin embargo, fue anulado en 2015 por el Tribunal Supremo bajo el argumento principal de que un PGOU no puede legalizar lo ilegalmente construido.

Así las cosas, todas las construcciones realizadas con licencia declarada nula volvieron a la ilegalidad, entre ellas la de Artola, por la cual el Juzgado de lo Penal 8 de Málaga condenó en 2007 al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricación

Ante la falta de cumplimiento voluntario de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Marbella, la comunidad de propietarios de Artola logró que se dictara un auto de ejecución forzosa en 2017, y en 2020, el juzgado ordenó anotar la orden de demolición en el Registro de la Propiedad.