Indignación en la abogacía ante la Mutualidad por unas pensiones de menos de 500 euros tras 30 años de ejercicio

A un abogado con 30 años de ejercicio a sus espaldas, cuando se jubile, podría quedarle una pensión de menos de 500 euros si está acogido al sistema de la Mutualidad de la Abogacía. Una situación de precariedad que la plataforma Movimiento #J2 –por «jodidos», detallan sus miembros– denuncia a nivel nacional con el objetivo de que el Estado dé una solución a este tipo de casos. «No vamos a poder jubilarnos», añaden.

Según explican desde la plataforma, surgida espontáneamente en un chat de WhatsApp, hasta el año 1995 los abogados sufrían una discriminación respecto al resto de los contribuyentes, ya que no podían elegir como sistema de jubilación el público, lo que se conoce como régimen de autónomos o RETA. «Se nos obligaba, como única opción posible, a adherirnos a un sistema privado, la Mutualidad de la Abogacía», aseguran.

En los años posteriores se abrió la posibilidad de optar por uno u otro sistema, pero «desde las estructuras institucionales de la Abogacía, que no dejan de ser entes públicos, se potenciaba y recomendaba, en ocasiones apelando a la solidaridad con los compañeros que ya estaban integrados en la Mutualidad (a día de hoy se sigue haciendo), la permanencia dentro de la Mutualidad y la elección de la misma para los nuevos colegiados».

«Siempre nos aseguraron mejores prestaciones y pensiones ligeramente superiores a las del RETA para pagos a lo largo de la vida profesional similares; pero la Mutualidad, por una nueva reforma legal, dejó de asegurar pensiones vitalicias equivalentes al RETA, para constituir en esencia un plan de pensiones individuales, que con el tiempo comprobamos que no está dando los resultados prometidos, se encuentra muy lejos de lo asegurado y facilita pensiones vitalicias ridículas», denuncian desde el Movimiento #J2.

Y el horizonte se oscurece ahora aún más para estos letrados por culpa de una reforma legal que «se realiza sin contar con la opinión del colectivo afectado» y que «desde la Mutualidad acatan, sin explicaciones y sin mayor oposición ni búsqueda de alternativas», lamentan los abogados mutualistas.

«Los abogados constatamos como nuestros compañeros más mayores no se pueden jubilar, y que las estimaciones de los que somos un poco más jóvenes podamos hacerlo son cada vez más irreales», afirman desde la plataforma.

«Se trata de un problema social, que parte de la discriminación expuesta, de las variaciones legales referidas y de una falta de supervisión por parte del Estado que lo ha permitido mirando para otro lado. No debe seguir siendo obviado, ni ocultado, ni parcheado, sino que por el contrario debe ser abordado sin dilación y con carácter urgente, para encontrarle soluciones», concluyen.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones del Movimiento #J2, que apela al Gobierno y a los distintos partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales, se encuentra una serie de mejoras fiscales en fase de jubilación, dado que «los importes acumulados son escasos y en la mayoría de los supuestos permiten unas rentas mensuales muy reducidas»; así como la exoneración impositiva y su mejora tanto en fase de aportación como de rescate.

Por otro lado, reclaman una ventana de traslado al RETA de manera que los mutualistas puedan recuperar sus aportaciones con destino al régimen público y canjear su capital acumulado por años de cotización. «El Estado no nos ha protegido como debe e incluso nos ha discriminado, imponiendo obligatoriamente la cotización solo a través de la Mutualidad, y posteriormente, incentivándose la opción por dicho sistema privado», sostienen.

Así las cosas, el colectivo insiste en que «esta cuestión constituye un problema social que debe ser abordado», habida cuenta de que muchos abogados van a tener la necesidad de compatibilizar el cobro de sus exiguas pensiones con el ejercicio profesional, aunque sea de una forma más reducida. No en vano también consideran que se debe mejorar la posibilidad de compatibilizar jubilación a efectos de cobro de pensión con el mantenimiento del ejercicio profesional.

A la vista del escenario que se les presenta, los abogados mutualistas piden la suspensión de la asamblea general de la Mutualidad de la Abogacía del próximo 17 de junio, donde se abordará el aumento de las cotizaciones a un sistema que, lamentan, no funciona adecuadamente.

«Estamos hablando de pensiones de 300 o 400 euros y estimaciones para dentro de 20 años de 600 euros, que, además, no se actualizan, cuando actualmente el mínimo del RETA, en 12 pagas, es de unos 920 euros y se va actualizando según IPC todos los años», subrayan.